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Cataluña

​Puigdemont dependerá de la CUP para superar la cuestión de confianza

Si la pierde, tendría que cesar en el cargo y se iniciaría un procedimiento de investidura de un nuevo presidente.

Efe. Barcelona Actualizada 08/06/2016 a las 19:49
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.Efe

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, superará la cuestión de confianza a la que se someterá en septiembre si tiene el apoyo de la mayoría simple, lo que requiere de los votos de Junts pel Sí más, al menos, dos votos de la CUP y la abstención del resto de diputados de esta formación.

La cuestión de confianza es un mecanismo, hasta ahora inédito en la democracia parlamentaria catalana, que puede plantear el presidente de la Generalitat al Parlament, como ha hecho este miércoles Puigdemont, para poner a prueba el apoyo parlamentario a su gabinete.

Si en la votación el president obtiene la mayoría simple de los votos emitidos, se entiende que mantiene la confianza, por lo que continúa en el poder.

Ante el más que previsible voto negativo de los 63 diputados de C's, PSC, SíQueEsPot y PPC, Puigdemont necesitaría al menos 64 diputados que votaran a favor (los 62 de JxSí y dos de CUP) y que el resto de parlamentarios de este grupo (8) se abstuvieran.

Según el reglamento de la cámara, en caso de perder la moción de confianza, Puigdemont cesa en el cargo, queda en funciones y se inicia el procedimiento de investidura de un nuevo presidente, el mismo que se hace en el inicio de legislatura.

Este proceso tendría, por tanto, un plazo máximo de dos meses, tras los cuales se convocarían automáticamente elecciones si nadie resultara elegido presidente.

De esta manera, un eventual adelanto electoral queda condicionado a la evolución de la cuestión de confianza fijada para septiembre, mes en el que habitualmente se inicia el periodo de sesiones del Parlament, tras el parón de verano, con el debate de política general, y después de las celebraciones de la Diada.

Puigdemont tampoco puede convocar elecciones antes de principios de agosto porque la norma indica que, para hacerlo, debe transcurrir como mínimo un año desde el decreto de disolución del Parlament de la anterior legislatura.
 







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