El juez Álvaro Martín, que investiga las seis primeras piezas en que se ha dividido el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en Andalucía, ha abierto una nueva 'macrocausa' para investigar las transferencias de financiación de la Junta a favor de IFA/IDEA y procedentes de otros programas distintos al 31L por el que se concedieron las ayudas de los ERE.

En una providencia fechada el 31 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado de Instrucción número 6 de Sevilla atiende de este modo la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y acuerda la deducción de testimonio respecto de las transferencias de financiación que "haya podido recibir" IFA/IDEA.

Así, el juez Álvaro Martín hace referencia a las transferencias de financiación "que haya podido recibir" IFA/IDEA por parte de la Consejería de Empleo o de Innovación "procedente de programa distinto al 31L" y "con destino distinto al legalmente previsto".

En el marco de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en los ERE, cuya instrucción ha dado por concluida el juez este mismo miércoles, el Ministerio Público solicitó al magistrado que dedujera testimonio al objeto de incoar diligencias previas "para la averiguación de otros posibles ilícitos penales derivados del denominado" por la Intervención General de la Junta "uso inadecuado de las transferencias de financiación".

Así, y en un escrito fechado el 27 de mayo, la Fiscalía alude a la documentación remitida por la Intervención General relativa a las memorias de control financiero permanente de 2005 a 2007, los informes de control financiero desde 2003 y los informes trimestrales de seguimiento de la agencia IDEA desde 2005, "ratificados en su caso y explicados por los interventores en sede judicial".

Según expone Anticorrupción, de dichos informes "se desprende que la agencia IDEA ha recibido fondos procedentes de otros programas presupuestarios distintos al 31L mediante el mecanismo de las transferencias de financiación tanto de la Consejería de adscripción --Innovación-- como de otras distintas a la Consejería de Empleo y con un uso inadecuado de las mismas, dado que no se destinaban a la finalidad prevista legalmente para las mismas".