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Tribunales

​La instrucción del caso Rato afronta su última semana

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que todas las causas empezadas antes del pasado diciembre vencerán el próximo 6 de junio.

Efe. Madrid Actualizada 29/05/2016 a las 14:13
ESPAÑA CASO RATOChema Moya

La instrucción del caso Rato, que investiga al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y su entorno por presuntos delitos fiscales, corrupción entre particulares, blanqueo y administración desleal, afronta su última semana a expensas de que Anticorrupción solicite al juez que lo declare "causa compleja".

Así lo contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que establece que todas las causas empezadas antes del pasado diciembre -fecha en la que entraron en vigor sus últimas modificaciones- vencerán el próximo 6 de junio.

Sin embargo, la reforma de la LECrim, que limita el tiempo de instrucción para agilizar los trámites y asegurar la tutela judicial efectiva de los investigados -antes imputados-, prevé en su artículo 324 la declaración de complejidad.

Esta nueva figura, aplicable en aquellos supuestos en los que el procedimiento no pueda concluir dentro del plazo, podrá ser invocada por el juez sólo de cumplirse al menos uno de los siete supuestos recogidos en la ley.

De este modo, serán susceptibles de ser declarados "causa compleja" casos que tengan por objeto numerosos hechos punibles, involucren a gran cantidad de investigados, exijan el examen de numerosas pruebas periciales o precisen de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas.

Requisitos con los que cumple el caso Rato, cuya magnitud ha llegado a poner en jaque a la denunciante, la ONIF (Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda), que reconoció al instructor, Antonio Serrano-Arnal, sentirse "desbordada" por los más de 40.000 folios y la maraña societaria en su labor de realizar el esperado informe definitivo, considerado clave por las partes.

Pero la complejidad o no de la causa dependerá del criterio de la Fiscalía, que tendrá que solicitarlo al juez al menos tres días antes del vencimiento del plazo ordinario y siempre que considere que las diligencias no pueden completarse en el tiempo previsto por circunstancias sobrevenidas.

Es decir, Anticorrupción tiene hasta la próxima semana para hacer llegar al juzgado de Instrucción número 31 de Madrid una petición que permitiría al juez llevar la investigación hasta los 18 meses con la posibilidad de ampliarse a 36.

Comienza así la cuenta atrás de un frente todavía pendiente de sofocar por la fiscal del caso, Elena Lorente, cuyos últimos movimientos se han centrado en torno a la causa abierta desde el pasado abril en la Audiencia Nacional, la llamada operación 'Fénix', que investiga a otro exbanquero, el expresidente de Banesto Mario Conde, y en la que también figura como titular.

Según han explicado fuentes jurídicas a Efe, el proceso contra Rato, iniciado en abril de 2015, prosigue su curso en los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla sin que trascienda públicamente ninguna novedad destacable.

De hecho, las últimas noticias datan de hace más de un mes, cuando el ex director gerente del FMI remitió al magistrado un escrito en el que acusaba a Hacienda de iniciar una "caza de brujas" contra él al atribuirle supuestos delitos fiscales que "pudieron y debieron" ser comprobados antes de interponer la denuncia.

Por su parte, el silencio del juzgado dura algo más desde que en marzo comunicase de forma oficial el embargo de la renta que Rato recibía por el alquiler de un local, así como la inclusión de un posible delito de administración desleal en la pieza sobre el patrimonio del exvicepresidente, entonces bajo secreto sumarial.

Pese a las incógnitas que rodean el proceso, lo cierto es que la LECrim prevé qué sucedería de expirar el plazo de instrucción, situación que obligaría al magistrado a emitir una decisión acorde con el devenir del proceso al no poderse acordar nuevas diligencias.

Por tanto será Serrano-Arnal quien tendrá la última palabra sobre el caso Rato, un proceso que sólo será sobreseído si la justicia, una vez cumplido el plazo, no encuentra indicios concluyentes que vinculen al que fuera exvicepresidente del Gobierno y al resto de encausados con los hechos que se investigan.







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