Un año del 24-M o cómo suplir la mayoría absoluta con medidas efectistas

Un año después del vuelco en el mapa autonómico y municipal, que casi desterró las mayorías absolutas, muchos gobiernos han constatado que no es fácil mandar en minoría y, quizás por eso, han querido marcar diferencias con sus antecesores, sobre todo con medidas sociales, no exentas de efectismo.

Muchos presidentes autonómicos y alcaldes ni siquiera ganaron las elecciones y gobiernan gracias a pactos de diversa índole, algunos mediante coalición y otros con apoyos puntuales, lo que obliga en ocasiones a hacer encajes de bolillos para sacar adelante sus propuestas.

Quizás por eso algunas de las iniciativas más sonadas de este año han tenido más repercusión mediática que real, y también han acaparado el foco distintas polémicas, especialmente las que han tenido como protagonistas a ayuntamientos gobernados por las confluencias impulsadas por Podemos.

Los ayuntamientos "del cambio"

Manuela Carmena (Madrid), Ada Colau (Barcelona), José María González 'Kichi' (Cádiz), Pedro Santisteve (Zaragoza) o Xulio Ferreiro (A Coruña) no han dejado de salir en los medios día sí y día también, pero más que nada por asuntos como la cabalgata de Reyes, los titiriteros, la presencia de las Fuerzas Armadas en ferias educativas, el carnaval, la gomina del alcalde... Y también por actuaciones que hasta ahora habían sido aisladas y que han ido extendiéndose con la llegada de los llamados "gobiernos del cambio", como colocar la bandera republicana en los balcones consistoriales el 14 de abril.

No ha faltado atrevimiento en estos doce meses incluso para declarar 'persona non grata' en Pontevedra al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o para retirar el busto del rey Juan Carlos del salón de plenos del Ayuntamiento de Barcelona. Guiños que tampoco faltaron en ayuntamientos como el de Palma, que retiró de la cabecera del salón de plenos la figura de un Cristo crucificado que lo presidía desde 1938 y reubicó el busto del Rey Felipe VI. 

O el del alcalde de Zamora, Francisco Guarido (IU), que este fin de semana ha impedido que se pueda velar a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Concha, en el salón de plenos, como se hacía tradicionalmente, y que esta imagen presida la misa del Corpus desde un balcón del Ayuntamiento. Y más gestos controvertidos: Joseba Asiron (EH Bildu) comenzó su mandato en Pamplona izando la ikurriña en la casa consistorial en el cohete de sanfermines.

Otro común denominador de muchos de esos gobiernos "del cambio" ha sido en su lucha contra los vestigios franquistas o la reapertura de fosas comunes de la Guerra Civil.

Ha habido además decisiones estrambóticas, como la adoptada por la Corporación de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) de prohibir a sus concejalas que lleven pantalón al pleno extraordinario celebrado para elegir al nuevo alcalde.

Algunos de los alcaldes elegidos hace un año han tenido que decir adiós a la vara de mando, como el de Granada, José Torres Hurtado (PP), sustituido por Francisco Cuenca (PSOE), o el de la localidad sevillana de Espartinas, José María Fernández (Ciudadanos), ambos por presuntos casos de corrupción.

Un motivo más loable tuvo para dejarlo el de Girona, Carles Puigdemont, que mejoró de 'categoría laboral' y ascendió a presidente de la Generalitat catalana. Su sustituto en la alcaldía, Albert Ballesta, duró poco en el cargo, ahora ocupado por Marta Madrenas.

Pero también ha habido hechos. Las políticas sociales se han visto favorecidas en este tiempo, en el que muchos ayuntamientos han puesto en marcha medidas para tratar de frenar los desahucios o al menos suavizar sus consecuencias, y para paliar la pobreza en general. Ya nada más llegar, muchos municipios reactivaron los comedores escolares en verano. Se ha ahorrado, además, en coches oficiales, supresión de altos cargos, bajada de sueldos o gestos como retrasar el alumbrado de las luces navideñas.

Una de las decisiones del Ayuntamiento madrileño que ha levantado más polvareda fue la restricción del tráfico por primera vez el pasado otoño ante el aumento de la contaminación. La reciente denegación de la aprobación definitiva de la conocida como Operación Chamartín para reformar el norte de la capital también ha sido cuestionada.

En Barcelona, le han llovido las críticas a la alcaldesa Ada Colau por sus controvertidas decisiones respecto a la moratoria de alojamientos turísticos o su gestión de los manteros. Dentro de poco Colau gobernará no tan en minoría, tras el acuerdo alcanzado con el PSC por el que los cuatro concejales socialistas pasarán a formar parte del equipo de gobierno municipal. Los socialistas, además, han cerrado alianzas con el PNV para gobernar en las principales instituciones vascas, excepto el Gobierno vasco.

Ha habido medidas para todos los gustos. Por ejemplo, el Consistorio de Valladolid acordó el inminente cierre del Museo del Toro de esta capital, nueve años después de su apertura. Fue un poco antes de que la Junta de Castilla y León aprobara un decreto-ley mediante el cual se prohíbe la muerte de animales en espectáculos públicos, incluido el polémico Toro de la Vega de Tordesillas. Sin embargo, en San Sebastián, donde gobierna el PNV, se ha recuperado la feria taurina de la Semana Grande, que EH Bildu había suspendido en los últimos años.

Las comunidades autónomas

No hubo mayoría absoluta en ninguna de las 13 comunidades en las que se celebraron elecciones el 24-M, lo que obligó a los partidos a pactar. En la mayor parte hay gobiernos en minoría, con apoyos parlamentarios puntuales.

Eso dificultó en gran parte la elaboración de los presupuestos para 2016. El último en aprobarlos ha sido el castellanomanchego, a finales de abril. Pero si algo está dando problemas en los últimos meses a las autonomías ha sido el cumplimiento del déficit y la rigurosidad con la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha decidido aplicar la Ley de estabilidad presupuestaria. El resultado: Extremadura y Aragón están 'intervenidas', y Baleares y la Comunidad Valenciana, avisadas para que corrijan sus políticas si no quieren correr la misma suerte.

Casi todas las comunidades pusieron el grito en el cielo ante las exigencias de Montoro y hasta las gobernadas por el PP se declararon en rebeldía. Finalmente, con el beneplácito de Bruselas, el objetivo de déficit se ha relajado.

Otro caballo de batalla abierto en los gobiernos regionales es el de la aplicación de la Ley Educativa (Lomce), bajo la amenaza del ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, de que la alta inspección del Estado "vigilará" que las comunidades autónomas cumplen en la evaluación final de Primaria, obligatoria desde este curso para todos los alumnos.

Todas han imprimido un giro social a sus políticas, en las que también hay avances en transparencia o en materia impositiva, en algunos casos con subidas en sus tramos de impuestos como el IRPF para las rentas más elevadas.