El empresario Miguel Ángel Flores, acusado de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave en la tragedia del Madrid Arena, ha hecho uso de su última palabra para defender de nuevo su inocencia, manifestando que reitera las palabras de su abogado en el sentir y pesar hacia las familias de las víctimas.

Así lo ha expuesto ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, que durante cuatro meses ha escuchado el relato de los acusados y de los testigos sobre lo que sucedió esa fatídica noche. En total, ha habido 49 sesiones de plenario.

Flores ha querido agradecer a la sala su imparcialidad en el proceso y ha reiterado las palabras de su abogado "en el sentir y pesar de las familias de las víctimas". "Y ratificar cada una de las palabras de mi defensa", ha concluido con la voz quebrada.

Tras la última palabra, el juicio ha quedado visto para sentencia. La prueba practicada ha demostrado que la principal causa de la tragedia fue el sobreaforo que hubo, agravado por el cierre de los vomitorios y la apertura de varias puertas de emergencias para que entraran jóvenes sin control directos a la pista.

Según la fiscal y las acusaciones, la pista debía estar esa noche a reventar a la hora del número de la barca del afamado dj Steve Aoki, un extremo que venía en una de las cláusulas del contrato. El espectáculo finalmente se hizo y fue cuando se produjeron diversas avalanchas, entre ellas una mortal.

Antes del turno a la última palabra, las aseguradoras han solicitado a la Sala que se aplique el baremo de accidentes de tráfico a la hora de fijar las indemnizaciones y no la directiva europea de catástrofes aéreas, tal y como quieren las acusaciones particulares y populares. La normativa europea sobre esta materia permite indemnizaciones ilimitadas.

También ha hablado el abogado que representa al Ayuntamiento de Madrid, quien ha recalcado que la causa de la avalancha mortal no fue el botellón, sino "el número excesivo de entradas" vendidas.

"Era un edificio encargado al decano de arquitectos", ha reseñado el letrado, quien se ha negado a la afirmación de que tuviera deficiencias estructurales y ha defendido que no necesitaba licencia.

El juicio

El pasado 12 de enero, la vista oral arrancaba con quince acusados en el banquillo por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones. La presidenta de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, María Luisa Aparicio, ha dirigido las sesiones con más celeridad de lo que se esperaba en un principio, dado que finalizará un mes antes de la previsto.

Miguel Ángel Flores responsabilizó tanto en instrucción como en su declaración al plenario al Ayuntamiento de Madrid de la tragedia por las deficiencias estructurales del edificio municipal.

Al igual que el empresario, ninguno de los acusados ha asumido en la vista oral su supuesta parte de responsabilidad. Flores apuntó a Madrid Espacios y Congresos (Madridec) -la gestora del edifico- como la máxima responsable del evento, mientras que estos a su vez señalaron como culpables a los controladores de Kontrol 34 por abandonar sus puestos de trabajo y empujar a los asistentes, provocando caídas en el público que dieron lugar a las diferentes avalanchas.

Seguriber, la empresa responsable de la seguridad en el interior, culpó a Madridec de abrir un portón de mercancías por donde se colaron miles de jóvenes, masificando la pista en la hora en la que se produjo la avalancha.

La empresa no asume su parte de responsabilidad a pesar de que el vigilante de cámaras que debía ser "los ojos" del evento se ausentó de la sala durante las horas en las que se produjeron las avalanchas. En su declaración aseguró que su función era comprobar que las cámaras funcionaban.

Mientras que los responsables de la enfermería, el doctor Simón Viñals y su hijo Carlos, han culpado a Flores de las limitaciones del botiquín. A los Viñals se les acusa de dar por muertas a dos de las víctimas cuando estaban en parada cardiorrespiratoria, una afirmación de a fiscal que su abogado ha tachado de "injustas" ya que existen evidencias que muestran lo contrario.

En cuanto al operativo policial, el exjefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo responsabilizó del descontrol policial a la oficial de Moncloa, jefe del diseño del despliego policial de esa noche. La defensa de Monteagudo acusó a Cándida Jiménez de mentir en lo relativo a que se le negaran los refuerzos y otras cuestiones como el hecho de que alertara de lo que estaba sucediendo.

Sobreventa de entradas

En su declaración, Flores reprochó al Ayuntamiento que dirigía la entonces alcaldesa Ana Botella, y concretamente a la empresa municipal Madridec, responsable del pabellón, que "jamás" le mostraran un Plan de Autoprotección, recalcando que pensaba que el edificio tenía licencia municipal. También les acusó de que "lo hicieron mal" y que le obligaron a él "a hacerlo mal".

"Yo desconocía completamente la situación del edificio anterior a esta tragedia. No acuso al Ayuntamiento, sino a las personas que conocían en el año 2010 que las cosas se hacían mal y que a mí me lo hacían hacer mal", dijo entonces.

Durante la prueba del juicio, según la fiscal, ha quedado acreditado que se vendieron casi 17.000 entradas y que Flores puso a la venta casi 37.000.

Sin embargo, el abogado que defiende al empresario sostuvo en su informe final que no existió "la sobreventa" de entradas por parte de su cliente, criticando la "visión apocalíptica" que han difundido los medios de comunicación. Pese a esta afirmación, multitud de imágenes exhibidas en la vista han demostrado que la pista estaba visiblemente masificada.

Flores afronta una petición fiscal de cuatro años de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente grave y una petición de seis años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de empresario u organizador de fiestas. Las acusaciones quieren que se sumen cuatro años por cada víctima.

En su informe, la fiscal rebajó sus penas a dos años, seis meses y un día para el 'número dos' de Flores, Santiago Rojo, un empleado de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo, y para el jefe del equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero.

Además, se piden tres años de cárcel para el socio y apoderado de Kontrol 34, Carlos Manzanares y Emilio Belliard; el coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris; el coordinador jefe de Seguriber, Raúl Monterde; y el vigilante de seguridad de Seguriber, Roberto Mateos, entre otros. La misma pena se reclama para Rafael Pastor y Francisco del Amo, encargados de seguridad de Madridec.

La Fiscalía rebajó en un año la pena para los encargados del dispositivo sanitario, Simón Viñals y su hijo, hasta quedarse en un año, seis meses y un día de cárcel por "un delito de homicidio por imprudencia grave profesional para cada uno de ellos". Además, la Fiscalía de Madrid retiró la acusación contra el jefe de Emergencias del evento, José Ruiz Ayuso.