La exhumación de los restos mortales de los hermanos bilbilitanos Manuel y Ramiro Lapeña en el Valle los Caídos está pendiente de la autorización de Patrimonio Nacional, que puede dar ya luz verde a los científicos para proceder a la apertura del columbario o esperar a un mandato explícito judicial.

Fuentes jurídicas han explicado que a lo largo del día se registrará un derecho de petición dirigido a Patrimonio Nacional ante el Instituto Nacional de Administraciones Públicas para que de cumplimiento al auto del juzgado de San Lorenzo de El Escorial que autoriza la exhumación, al tiempo que se solicitará al juez la ejecución de dicho auto.

Una vez tenga conocimiento de la petición de la nieta de los hermanos Lapeña, Patrimonio Nacional, organismo que administra el Valle de los Caídos, dispondrá de 45 días hábiles para pronunciarse sobre si autoriza la apertura del columbario donde se cree que se encuentran los restos cadavéricos de los hermanos, fusilados y enterrados en una fosa común en Calatayud (Zaragoza) y trasladados a la basílica madrileña.

Según las fuentes consultadas, se espera que Patrimonio Nacional dé una respuesta positiva a la petición de los familiares para que proceda a "abrir la puerta" al equipo de científicos, forenses y arqueólogos que se desplazará al lugar para realizar las tareas.

Desde Patrimonio Nacional han asegurado que "cumplirán escrupulosamente las resoluciones judiciales en cuanto se les notifique", sin dar más detalles.

La misión del equipo de científicos y forenses sería, por este orden, localizar el número de columbario, exhumar los restos mortales, trasladarlos al laboratorio, realizar la pruebas para cotejar el ADN con los familiares y proceder o no a su identificación. "Un proceso análogo al realizado hace un año con los restos de Cervantes", han explicado las fuentes.

En caso de que no exista respuesta o esta sea negativa, las fuentes han anunciado que presentarán una demanda contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo con la institución por negarse a cumplir una resolución judicial.

"Sería una temeridad puesto que se estaría incumpliendo no sólo un auto judicial sino la propia Constitución como así lo justificó el propio juez", han añadido las fuentes, que recuerdan que no existen precedentes sobre este asunto al tratarse de la primera exhumación autorizada en el Valle de los Caídos.

Precisamente, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos pidió ayer a Patrimonio Nacional que deniegue cualquier actuación que suponga la manipulación de los restos de cualquier persona inhumada en todos los osarios del Valle de los Caídos, que no sean los dos hermanos Manuel y Ramiro Lapeña.

Y anuncian el ejercicio de cuantas medidas legales sean oportunas, incluidas las penales contra los responsables de cualquier vulneración de los derechos de las familias de los caídos de ambos bandos que allí reposan, y que se niegan rotundamente a la manipulación de los restos mortales de sus familiares.