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Madrid

Torbe drogó a chicas menores para obligarlas a grabar vídeos porno

​La Policía busca más víctimas del director de cine para adultos y pide la colaboración de los ciudadanos.

Efe. Madrid Actualizada 07/05/2016 a las 18:32
La Policía pide colaboración ciudadana para identificar a más víctimas de la 'trama Torbe'

La Policía Nacional ha pedido este sábado colaboración ciudadana para localizar a más víctimas de la trama presuntamente liderada por el actor, director y productor de cine porno Torbe, que fue arrestado recientemente junto con otras cinco personas por obligar a menores a realizar vídeos pornográficos.

Ignacio Allende Fernández, conocido como Torbe, fue detenido el pasado día 25 en una operación en la que, según ha detallado la Policía, han sido arrestadas otras cinco personas: cuatro que formaban parte de su empresa y un ciudadano ucraniano que supuestamente proveía de mujeres compatriotas suyas a la trama.

El titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid dictó el pasado día 28 prisión comunicada y sin fianza para Torbe por los delitos de pornografía, trata de seres humanos, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. También ordenó el ingreso en prisión de otras dos personas por los mismos delitos.

Ahora la Policía pide colaboración para localizar a más posibles víctimas y pone a disposición de los ciudadanos el teléfono 900105090 y el correo trata@policia.es, totalmente confidenciales.

La Policía ha detallado que durante la investigación llevada a cabo en los últimos días ha localizado varios vídeos pornográficos protagonizados por una menor en el servidor central de una de las empresas del arrestado.

Se trata de la víctima que dio pie a la operación, al denunciar que había sido captada en un bar de Madrid para participar en la grabación de vídeos pornográficos; inicialmente aceptó pero luego se negó y entonces fue coaccionada y obligada a grabar escenas pornográficas mediante el uso de sustancias estupefacientes.

Además los investigadores han corroborado que uno de los vídeos protagonizado por otra menor fue publicado en la web del director de cine porno, siendo necesario pagar una determinada cantidad de dinero para poder verlo en su totalidad.

Tras la denuncia de la primera menor, la Policía cruzó los datos recabados con los de otra investigación llevada a cabo por la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos en la que dos mujeres, una española y otra extranjera, denunciaron que estaban siendo obligadas a prostituirse en Murcia.

La relación de todo ello llevó a los policías a dar con un entramado internacional que, supuestamente, proveía de mujeres ucranianas para rodar escenas pornográficas, a menudo en contra su voluntad.

Captaban a chicas con problemas económicos en su país de origen, las proveían de la documentación necesaria para entrar en España y una vez aquí las alojaban en la oficina en la que tenían lugar las grabaciones, en ocasiones manteniéndolas encerradas.

Muchas de ellas no conocían la actividad que iban a realizar ni la dureza de las prácticas a las que eran sometidas.

Posteriormente, los vídeos elaborados eran difundidos en internet a través de las diferentes páginas web de pornografía que presuntamente gestionaba el empresario Torbe.

En el transcurso de la investigación, los agentes averiguaron también que existían flujos de dinero a paraísos fiscales, así como ingresos y reintegros de pequeñas cantidades económicas mediante el procedimiento conocido como 'pitufeo' (transferir el dinero de origen ilícito en pequeñas cantidades para que no resulte sospechoso).

El empresario recibía presuntamente grandes cantidades de dinero de procedencia ilegal y utilizaba sistemas de alta tecnología en sus actividades, tales como la Deep Web (internet profunda) o sistemas de comunicación por voz encriptados.

En total han sido detenidas seis personas: el empresario porno, otros cuatro miembros de la empresa y un ciudadano ucraniano que supuestamente proveía de mujeres para realizar los actos sexuales.

En la operación se han llevado a cabo tres registros en Madrid, en la vivienda y en la empresa del principal investigado y en un lujoso hotel de la capital.

Se han intervenido 17 ordenadores, 6.000 euros en efectivo, equipos de videograbación, material gráfico, material para la grabación de videos pornográficos y otros efectos como prueba de los abusos cometidos.







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