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Inundaciones

Los afectados por la riada del Ebro de 2015 piden a la DGA el pago de 2,4 millones

La Asociación de afectados por las riadas en la cuenca del Ebro denuncia que muchos de los afectados todavía no han cobrado las indemnizaciones.

Efe. Zaragoza Actualizada 20/04/2016 a las 19:38
Los afectados por las riadas en Helios

La Asociación de afectados por las riadas de la cuenca del Ebro reclama al Gobierno de Aragón el pago de unos 2,4 millones de euros por los 200 expedientes relacionados con la crecida del Ebro de 2015 que todavía están sin resolver y que son "los de mayor cuantía".

El presidente de Asafre, Alfonso Barreras, ha comparecido en rueda de prensa para denunciar que muchos de los afectados todavía no han cobrado las indemnizaciones y el coste de la reparación de las infraestructuras que han tenido que realizar en sus explotaciones y ha vuelto a advertir de que acudirán a los tribunales.

A esta denuncia se suma la situación de unos 2.000 asociados que todavía no han cobrado las ayudas de la PAC y la amenaza de embargo que pesa sobre muchos de ellos por impagos a Hacienda y a la Seguridad Social "cuando es el mismo gobierno el que no les acaba de pagar", ha enfatizado Barreras.

Además, ha advertido de que empiezan a haber "enfrentamientos" entre los funcionarios de la consejería de Sostenibilidad y los afectados por las riadas porque los primeros tratan de recortar en los expedientes que tramitan, ha dicho.

Desde Asafre han reclamado nuevamente una reunión con el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Joaquín Olona, con quien mantuvieron un encuentro en octubre de 2015, y también con el presidente de Aragón, Javier Lambán, que el pasado mes de marzo se comprometió a ejercer de portavoz de los agricultores afectados por la riada en Boquiñeni.

En este sentido, Barreras ha criticado que en las localidades de Pradilla y Remolinos se hayan reforzado las motas y que en Boquiñeni se haya ampliado la zona inundable y que las tres poblaciones estén gobernadas "por el mimo partido que el del presidente", toda vez que ha concluido que Asafre representa el 80 % de la actividad agroeconómica de Aragón y que, en consecuencia, debería ser recibida por el gobierno.







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