El Gobierno en funciones y las comunidades dialogan, pero menos

La temporalidad de los gobiernos en funciones también afecta a su relación con las comunidades autónomas, que ven cómo los foros de diálogo y negociación se resienten porque, o bien no se convocan, o bien se celebran sin que puedan adoptarse determinadas decisiones políticas.

A más tiempo de Gobierno en funciones, más opciones de que puedan celebrarse conferencias sectoriales o reuniones territoriales, ya que los ejecutivos de las comunidades autónomas están plenamente constituidos y siguen transitando por sus tiempos de legislatura.

O como en el caso de los planes para contener el déficit del Ministerio de Hacienda, la gestión del día a día depara asuntos que requiere de las reuniones con las comunidades para que puedan aprobarse y aplicarse.

Así, los datos de déficit de las ejecutivos territoriales registrados al cierre de 2015, que representaron una desviación respecto del objetivo fijado (0,7% del PIB) de casi un punto, ha obligado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y enviar una serie de consignas a las consejerías.

Lo hizo por carta a más de una decena de comunidades para que se pusieran manos a la obra con una serie de medidas de contención de gasto, aplicación de planes económico-financieros o establecimiento de acuerdos de no disponibilidad.

Montoro ha dado para ello un plazo de 15 días, tras los cuales, más un tiempo de examen de la documentación, convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera, en donde Gobierno central y gobiernos regionales se ven las caras.

La celebración de este cónclave es fundamental a efectos normativos, pues es en este Consejo donde Hacienda y comunidades pactan los objetivos de déficit.

Pero, aparte del desenlace normativo que tenga, los gobiernos regionales del PSOE han demandado la convocatoria de dicho órgano porque quieren debatir en términos políticos un reparto más justo de los recursos, así como las bases de lo que podría ser un nuevo modelo de financiación autonómica.

Un debate que ya se ha iniciado, pero que reglamentariamente no puede avanzar porque un Gobierno en funciones no está capacitado para ello, como el propio Montoro se ha encargado de recordar esta misma semana.

Por esta razón, ha enviado al Consejo de Ministros una propuesta para crear un comité de expertos académicos en la materia que vaya "desbrozando" el camino, en palabras del titular de Hacienda. Ese trabajo técnico, en el que participarán las comunidades, sí puede ir cogiendo forma.

Lo que también se conserva son las reuniones bilaterales de los ministros con consejeros del ramo, o presidentes autonómicos.

El propio Montoro recibió el mes pasado al vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, y esta misma semana ha hecho lo propio con el de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Es el ejemplo también de la ministra de Fomento, Ana Pastor, quien no ha dejado de verse con consejeros regionales de su ámbito, o con diversos alcaldes, para tratar licitaciones o reforzar convenios ya firmados.

Otro ministro que en las últimas semanas ha visto cómo por su despacho pasaban varios consejeros es el de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, inmerso estos días en una ronda de consultas sobre aspectos pendientes de su gestión, como las nuevas evaluaciones de Primaria de la Lomce.

Las comunidades han reclamado la celebración de una Conferencia Sectorial para abordar todas las evaluaciones que establece la Ley, aunque en el Ministerio de Educación aún no se ha puesto fecha a la misma, si es que al final tiene lugar.

Aunque el Gobierno esté en funciones, las comunidades piden esta clase de Sectoriales por motivaciones políticas y por requerimientos ordinarios, y así han hecho con el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, con el que pretenden debatir el decreto de prescripción enfermera o profundizar en el protocolo contra el virus zika, ya en aplicación.

En este caso, se prevé que se convoque el Consejo interterritorial que estudia estos asuntos.

Si finalmente se organiza una sectorial con las comunidades, ésta debe ir avalada por un informe de los servicios jurídicos de cada Ministerio, pues no hay objeción a priori a que se celebren, pero sí a las decisiones que puedan adoptarse en virtud de la legislación correspondiente.

Que el actual Gobierno en funciones dure más o menos sigue estando en el aire, y así estarán también los habituales foros de diálogo y negociación con las comunidades, al menos hasta que haya nueva convocatoria electoral. O no.