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Tribunales

La Juez manda a prisión a los jefes de Vitaldent

La Policía se ha incautado de 1.200.000 euros en efectivo en los registros de la operación.

Efe. Madrid Actualizada 18/02/2016 a las 00:35
Crónica de la vida de lujo del dueño de Vitaldent, el empresario uruguayo Ernesto Colman

La juez de Instrucción número 2 de Majadahonda (Madrid) ha enviado a prisión sin fianza a los cuatro principales implicados en la red de fraude de la cadena de Vitaldent, entre ellos su propietario, Ernesto Colman, mientras que la empresa ha garantizado la continuidad de los tratamientos.

Veinticuatro horas después de que la Policía Nacional arrestara a trece personas en una operación contra esta red, el máximo responsable de la "organización criminal", en palabras de la Fiscalía, ingresará en la cárcel, al igual que su vicepresidente, Bartolomé Conte, Julio Nicolás Sisinni y Javier Arteaga.

La juez les envía a prisión por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa, apropiación indebida, delito contable y delito de organización criminal.

También ha dictado prisión sin fianza para Yolanda Copete y Óscar Arteaga, acusados de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.

La medida se ha tomado a instancias del fiscal Anticorrupción, que ha pedido prisión para la cúpula de Vitaldent tras tomar declaración a los principales responsables del supuesto fraude millonario y a otros detenidos, hasta un total de diez, ya que los otros tres quedaron en libertad tras su paso por comisaría.

Casi de forma simultánea a la decisión judicial, la portavoz de Vitaldent, Ana Caspistegui, ha convocado a la prensa a las puertas de la sede principal de la empresa, situada en la localidad madrileña de Las Rozas, para transmitir a los clientes un mensaje de tranquilidad.

Así, ha garantizado a sus pacientes la continuidad de todos los tratamientos, ya que sigue la actividad diaria de todas sus clínicas dentales "al margen" del proceso judicial abierto contra la cúpula de la firma.

"Vamos a participar activamente con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos", ha enfatizado Caspistegui antes de reiterar que todas las clínicas están abiertas, "funcionando perfectamente" y atendiendo a todos los pacientes.

Mientras tanto, la Policía ha continuado sus pesquisas y se ha incautado de 1.200.000 euros en efectivo en los registros practicados en la operación. Fuentes de la investigación han indicado a Efe que además de esta cantidad en metálico, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) se han intervenido de numerosos relojes de lujo.

Colman, que tenía dos cuentas en Suiza, según había detectado la Agencia Tributaria, planeaba dejar el negocio en manos de otros ante la sospecha de que sus prácticas ilícitas podían estar siendo investigadas tras las denuncias presentadas en algunas de las 430 clínicas con las que cuenta la franquicia.

Según las fuentes consultadas, Colman exigía a sus franquiciados el pago en metálico de determinadas cantidades acordadas todos los meses que, como si se tratara de una caja B, no declaraba a Hacienda.

Una práctica que ha corroborado el abogado que defiende a los franquiciados, Rafael Franco, quien ha asegurado que los contratos de franquicia con la empresa incluían cláusulas "verdaderamente salvajes".
Vitaldent aplicaba "sobrecostes" a sus franquiciados "de manera continuada y sostenida en el tiempo", además de usar de "una manera perversa el sistema informático en el que se introducían todos los datos, todas las informaciones y la facturación", ha resaltado el letrado.

La "organización criminal" ingresaba las ganancias en cuentas bancarias de Suiza y Luxemburgo. Una parte de ese capital retornaba a España para ser invertido en más de un centenar de inmuebles, fincas rústicas y vehículos, con lo que culminaba el proceso de blanqueo.

Además del dinero en efectivo incautado en los registros -se han practicado un total de 15 en las oficinas centrales de la empresa ubicadas en Las Rozas (Madrid), en tres despachos de abogados y en domicilios de los detenidos- la Policía se intervino ayer de un avión valorado en un millón de euros y 36 coches de lujo.

La Policía también ha bloqueado los saldos de las personas físicas y jurídicas investigadas, repartidos en 25 entidades bancarias, así como los activos financieros de dos Sociedades de Inversión de Capital Variable (las Sicav) por importe de 5 millones de euros.

Y ha decretado la prohibición de disponer de 124 fincas urbanas repartidas por toda España y de 103 rústicas, así como de los coches intervenidos, de la aeronave y caballos hallados en una finca en Villacastín (Segovia).







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