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Caso Imelsa

El PP exculpa a Barberá de Imelsa mientras empiezan a declarar los detenidos

El instructor del caso Imelsa ha comenzado a interrogar a ocho de los veinticuatro detenidos en la vasta operación anticorrupción.

Efe. Valencia Actualizada 28/01/2016 a las 00:22
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Rita Barberá durante unas Fallas.Efe

El instructor del caso Imelsa ha comenzado a interrogar a ocho de los veinticuatro detenidos en la vasta operación anticorrupción abierta contra una supuesta red de amaño de contratos en administraciones públicas valencianas a la que por ahora, según han insistido desde el PP, es ajena Rita Barberá.

La exalcaldesa de Valencia es desde ayer uno de los focos adonde se dirigen las valoraciones políticas de un posible gran caso de corrupción que comenzó en una empresa pública de la Diputación de Valencia y que salpica ya áreas de la Generalitat, ayuntamientos, empresas y fundaciones.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha sido el primero en salir hoy en defensa de Barberá y, también, del diputado nacional por Alicante y exconseller Gerardo Camps. Ninguno de ellos, según Rajoy, ha sido llamado a declarar ni ha sido detenido, por lo que hasta el momento "estas personas están absolutamente limpias".

"No se hacen distingos entre personas. No me consta que a Rita Barberá se le acuse de algo. No está acusada de nada, ni nadie la ha llamado a declarar en ninguna condición", ha insistido.

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, ha dicho que el partido, "a fecha de hoy", no tiene constancia de que haya una investigación o "incriminación" contra Barberá ni contra Camps por Imelsa, por lo que no se les pedirá que renuncien a sus respectivas actas como parlamentarios.

También se ha referido a ella el senador del PP y expresident de la Generalitat, Alberto Fabra, para quien al final de la investigación judicial "se podrá comprobar que Rita Barberá no es la jefa, ni muchísimo menos".

Y la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, ha subrayado que cree en la "honestidad" de la exalcaldesa de Valencia. 

Sin embargo, desde el resto de partidos apuntan su nombre como una de las claves del caso.

El portavoz valenciano de Podemos, Antonio Montiel, ha pedido su comparecencia en Les Corts para que explique "de qué manera su presunta vinculación" en el caso "afecta al ejercicio de su cargo" de senadora territorial, y recuerda que en la causa aparecen implicadas personas vinculadas a Barberá en su etapa como alcaldesa y ella fue "quien las nombró".

Ciudadanos ha exigido crear urgentemente una comisión de investigación en el Ayuntamiento y Compromís ha hecho lo mismo pero a nivel parlamentario para delimitar las responsabilidades políticas, "incluyendo una presunta financiación ilegal" del PP, y aclarar el posible sobrecoste para las arcas públicas de las contrataciones investigadas.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha acusado al PP de conocer "al menos desde hace dos años" una parte de la supuesta trama de corrupción desde Imelsa y ha asegurado que este caso "sí que influye" en el futuro del gobierno de España.

La Diputación de Valencia, que estudia personarse como acusación en esta causa, ha anunciado que todos los correos electrónicos que se encontraban en los servidores informáticos de Imelsa y que pudieran referirse a alguna actividad delictiva fueron entregados a la Guardia Civil tras la auditoría realizada en agosto en esta firma por orden del nuevo equipo de gobierno.

Después de que anoche el juez dejara libre con cargos e impusiera fianza de 150.000 euros a la exconcejala del PP María José Alcón, esposa del exvicealcalde Alfonso Grau, procesado en Nóos, esta tarde fueron interrogados siete detenidos más en una primera tanda que estaba previsto que diera paso a otra de seis.

Para esos siete primeros, el instructor ha decretado libertad provisional aunque les mantiene la condición de investigados por cohecho, malversación, blanqueo y tráfico de influencias, y a cuatro de ellos ha impuesto fianzas para asegurar responsabilidad civil en caso de condena.
Para la secretaria del grupo municipal del PP Carmen García Fuster, el fiscal ha pedido prisión.

Uno de estos siete investigados es la persona que habría entregado a la Fiscalía Anticorrupción la documentación que abrió la causa, el empresario Mariano López Sancho, exsuegro del exgerente de esa empresa pública Marcos Benavent, también investigado en la misma.

También han sido interrogados el ex secretario autonómico y exdiputado del PP David Serra; el exgerente de la Fundación Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos, exmarido de Alcón; dos arquitectos y un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia y personal de confianza del PP.

Se espera que mañana declaren más detenidos, entre los cuales podría encontrarse el expresidente de la Diputación y del PP provincial, Alfonso Rus, arrestado en un calabozo de la Guardia Civil al igual que otros excargos del PP y colaboradores suyos. 







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