Sortu marca el paso a los presos de ETA para "vaciar las cárceles"

La izquierda abertzale se ha marcado como objetivo solucionar el problema de los presos de ETA "vaciando las cárceles" por la vía más pragmática, la de aceptar el itinerario legal que ofrece un sistema penitenciario rechazado durante décadas por los reclusos.

Dentro de esta estrategia, ya asumida por los presos desde diciembre de 2013 pero aún estancada, la izquierda abertzale ha decidido pisar el acelerador esta semana a través del mensaje directo, en boca de un dirigente histórico como Rufi Etxeberria, y también mediante el ejemplo, con el inédito acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y 35 dirigentes de Batasuna, que ha contado con el beneplácito de la AVT y Dignidad y Justicia.

Un día después de que Rufi Etxeberria alertara a los presos de que su salida no va ser acordada "en torno a una mesa", sino que sólo será posible "desde el desarrollo de la legislación", 35 militantes de la izquierda abertzale acusados de tratar de recomponer la ilegalizada Batasuna bajo el mandato de ETA han eludido la cárcel mediante un acuerdo de conformidad que implica admitir su integración en la organización terrorista.

Para ello, la Fiscalía les planteó suscribir un texto, de carácter más político que jurídico, en el que todos ellos asumen "que su conducta fue contraria a la legalidad vigente" y manifiestan su "compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado".

Además de eludir la prisión, la izquierda abertzale entiende que esta fórmula puede servir de "modelo" para trazar el camino de los presos de ETA, a los que la legislación vigente exige un pronunciamiento similar para acceder al tercer grado penitenciario, en primer lugar, y a la libertad condicional, posteriormente.

El colectivo de presos de ETA no había reconocido históricamente el sistema de grados, ya que entendía que se utilizaba para "chantajearlos", motivo fundamental por el que la gran mayoría de los reclusos se encuentra actualmente en primer grado, el más restrictivo. Sí aceptaban, en cambio, las redenciones de pena, pero nunca a través del trabajo, que se negaban a hacer, sino por estudios o por ausencia de sanciones, por ejemplo.

El 28 de diciembre de 2013, dos años después del fin de la actividad terrorista de ETA, el colectivo de presos de la organización (EPPK) admitió, por primera vez, la utilización de los cauces legales para avanzar hacia su excarcelación, a pesar de que ello conllevaba "implícitamente a aceptar sus condenas".

Desde la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria aprobada en 2003, los condenados por terrorismo deben "satisfacer la responsabilidad civil derivada del delito" y "mostrar signos inequívocos de haber abandonado la actividad terrorista, colaborando activamente con las autoridades en la lucha contra el terrorismo" para acceder al tercer grado.

Éste es el aro por el que los presos de ETA encuadrados en la disciplina del EPPK no han pasado aún, ya que, aunque ya reconocieron en 2013 el "daño multilateral generado como consecuencia del conflicto", siguen rechazando -al igual que lo hizo el martes Rufi Etxeberria- el "arrepentimiento y la delación".

Fuentes de la izquierda abertzale consultadas consideran que hay margen de interpretación para conseguir fórmulas que, evitando dicho "arrepentimiento y delación", puedan ser consideradas "suficientes" para que los presos puedan avanzar en los grados penitenciarios, de la misma manera que la Fiscalía y el tribunal de la Audiencia Nacional han dado por buena la declaración suscrita por los 35 dirigentes de Batasuna.

Fórmulas que siempre implicarán una parte de renuncia a algunos principios, al igual que los 35 militantes abertzales tuvieron que admitir a regañadientes y sin ninguna convicción un delito de integración en ETA, lo que, como era previsible, ha generado incomprensión en parte de su propia base social.

El EPPK ya asumió formalmente en diciembre de 2013 el empleo de la legislación penitenciaria, pero desde entonces apenas ha dado pasos en un proceso estancado después de que la Justicia rechazara todas las solicitudes individuales de traslado a cárceles de Euskadi registradas en 2014.

Los presos conocen y aceptan el camino, dejando atrás antiguas reivindicaciones inviables como la amnistía general, pero no avanzan, según los medios consultados, porque no observan "condiciones" que les aseguren que dar pasos como los que exige su excarcelación puedan ser realmente "efectivos". En este contexto, Sortu les ha pedido que actúen con "audacia también en el ámbito jurídico".

Al mismo tiempo, Sortu les ha dejado claro que ya no constituyen un "frente de lucha", sino "una consecuencia" del "conflicto", por lo que les emplaza a reflexionar sobre su actual papel, que la formación abertzale pretende ligar ahora -sin excesiva concreción- a un hipotético proceso independentista.