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Por las tarjetas 'black'

La fiscalía pide 4 años de prisión para Rato y seis para Blesa por las tarjetas 'black'

Solicita también una indemnización de 9,3 millones para Blesa y otra de 2,6 millones a Rodrigo Rato.

Efe. Madrid Actualizada 14/01/2016 a las 18:16
Rodrigo Rato en una foto de archivo.HA


La Fiscalía Anticorrupción solicita por el escándalo de las tarjetas opacas seis años de prisión para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y cuatro años y medio para su sucesor al frente de la entidad, Rodrigo Rato, unas penas que Bankia reduce a cuatro y tres años, respectivamente.

Una vez concluida la fase de instrucción por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, tanto el fiscal, como Bankia y su principal accionista, el Estado a través del FROB, reclaman la apertura del juicio oral y acusan a los beneficiarios de las polémicas visas de un delito de al menos apropiación indebida.

Bankia va más allá que Anticorrupción y los acusa también de administración desleal, al igual que el FROB, que reclama cuatro años y nueve meses de prisión para Blesa y tres años para Rato.

En lo que sí coinciden todos en exigir a Blesa que devuelva los 9,34 millones de euros gastados por todos los usuarios de las black durante buena parte de su mandato, a partir del año 2003 y hasta 2010, y 2,69 millones a Rato por los cargos llevados a cabo desde su llegada a Caja Madrid hasta su salida de Bankia, aunque

Estas cantidades se exigen de manera solidaria y se descontará el dinero que devuelvan o hayan reintegrado ya otros beneficiarios de las visas con las que cargaron más de 15 millones en diversos gastos, incluido hoteles, restaurantes y compras de lujo.

No obstante, Anticorrupción reclama únicamente los cargos a partir de 2003, de los que existe un detalle individualizado, por lo que reclama 12,04 millones de euros -9,34 con Blesa y 2,69 millones con Rato-.

La Fiscalía incide en que Blesa autorizó la entrega de las tarjetas "para gastos de libre disposición, incluidos los ajenos a la representación de la entidad", creando así "una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal".

Considera que las tarjetas fueron emitidas "al margen del circuito ordinario" de la entidad, para dotarlas de la "necesaria opacidad" y que fue el ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, quien se encargó de dar las indicaciones, por lo que solicita para él dos años de cárcel.

Con respecto a los controles de la entidad, Anticorrupción explica que, "con el propósito de ocultar la verdadera naturaleza y finalidad de la emisión, Caja Madrid nunca practicó la correspondiente retención fiscal" y las incluyó en la contabilidad "indebidamente".

Tras la llegada de Rato a la entidad, continúa el escrito, Sánchez Barcoj "le explicó el uso de estas tarjetas y le hizo entrega de una, decidiendo el nuevo presidente mantener el sistema establecido por su predecesor".

Los beneficiarios de las tarjetas

La Fiscalía acusa a los otros 63 usuarios de las tarjetas de un supuesto delito continuado de apropiación indebida, con penas diversas de entre uno y cuatro años de prisión, dependiendo de si se aplica el atenuante de reparación de daño al haber devuelto las cantidades gastadas.

En el caso de Bankia, que descubrió y denunció las black, la entidad pide penas a los exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid en función del dinero gastado y el que hayan devuelto.

De ese modo, reclama dos años entre rejas a una veintena de antiguos miembros del consejo que gastaron más de 50.000 euros, entre ellos el ex secretario de Estado Estanislao Rodríguez-Ponga y el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

Para algunos antiguos consejeros, a pesar de que cargaron importes superiores a 50.000 euros, se les pide entre cuatro meses y un año a tenor de las sumas reintegradas.

A aquellos consejeros con un gasto por debajo de esta cifra, Bankia solicita penas de entre tres y seis meses, como es el caso del expresidente de CEIM Arturo Fernández y el exministro socialista Virgilio Zapatero, respectivamente.

Las acusaciones particulares encabezadas por UPyD fueron ayer las primeras en reaccionar y pidieron la máxima pena posible (10 años de prisión) para Blesa, Rato y Barcoj por supuestos delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal, en tanto que pedía seis años para el resto de los acusados.







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