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Cataluña

Rajoy no prevé reunirse con Puigdemont y tomará medidas para preservar la ley

El mandatario afirmó que no va a dejar pasar "ni una" porque esa es su obligación como presidente del Gobierno, al tiempo que ha aseverado que "por ahora" no prevé ninguna reunión con Puigdemont..

Efe. Barcelona Actualizada 14/01/2016 a las 00:27
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Rajoy no prevé reunirse con Puigdemont y tomará medidas para preservar la leyReuters

 El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este miércoles que "de momento" no tiene previsto mantener ninguna reunión con el nuevo presidente catalán, Carles Puigdemont, y ha reiterado que no le pasará "ni una" y que adoptará las medidas que sean oportunas para preservar la legalidad.

Puigdemont tomó ayer posesión en sustitución de Artur Mas, quien hoy ha renunciado al acta de diputado de Junts pel Sí, último cargo que le quedaba, lo que le permitirá beneficiarse de las prerrogativas de ser expresidente.

La renuncia no es un adiós a la política, ya que el líder de Convergència dejó claro el pasado sábado que, como expresidente o en el rol que fuera, ayudaría al nuevo gobierno en la senda soberanista y no descartó ser candidato en unas futuras elecciones. También dijo que se dedicará a "rehacer" CDC.

Antes de la toma de posesión de los consellers mañana, su sucesor, Carles Puigdemont, ha dedicado su primer acto como presidente a recibir al alcalde de Artesa de Lleida (Lleida), Pere Puiggrós, porque es el primer edil que se lo pidió, con el eco aún de las palabras que se usaron ayer para jurar el cargo.

La ausencia de una mención específica a la Constitución y al Rey en una fórmula acordada entre Puigdemont y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha generado dudas en el Ejecutivo central, que ha encargado un informe a los servicios jurídicos.
Rajoy se ha referido a Puigdemont en su comparecencia ante los periodistas tras la reunión que ha mantenido con los diputados del PP antes de la sesión constitutiva del Congreso de la XI legislatura.

A la espera del resultado del análisis jurídico, Rajoy ha aseverado que el Gobierno tomará las decisiones que le parezcan ajustadas a la legalidad vigente y a los intereses generales de todos los españoles.

Pero ha recalcado que, tal y como avanzó el pasado domingo, no va a dejar pasar "ni una" porque esa es su obligación como presidente del Gobierno, al tiempo que ha aseverado que "por ahora" no prevé ninguna reunión con Puigdemont.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado a Puigdemont que es presidente "precisamente por la Constitución española".

En cambio, el diputado de Democràcia i Llibertat (DiL) Francesc Homs (CDC) ha descartado que vaya a haber "ningún tipo de problema" por la fórmula con la que tomó ayer posesión Puigdemont y ha señalado un antecedente protagonizado por el vasco Íñigo Urkullu.

En este contexto, Puigdemont reunirá mañana finalmente a su gabinete gracias al pacto entre JxSí y CUP, por el que el expresidente Artur Mas dio un paso a un lado y la CUP se comprometió a sustituir a dos de sus diez diputados.
Los dos parlamentarios salientes, Josep Manel Busqueta y Julià de Jodar, han prometido hoy seguir trabajando "incansablemente" desde la calle" y han subrayado que el resultado del 27S -con un 47,8 % de votos independentistas- otorgó "una mayoría formidable para iniciar el proceso hacia la independencia, aunque no para clausurarlo".

Uno de los retos que tiene sobre la mesa el gobierno de Carles Puigdemont son los presupuestos, que están en una prórroga técnica, aunque el futuro vicepresidente y responsable del área de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras (ERC), ha reconocido que se podrían prorrogar definitivamente las cuentas.

El líder republicano ha afirmado asimismo que la independencia de Cataluña surgirá de una negociación multilateral con el Gobierno español, las instituciones internacionales y los mercados financieros. En este frente secesionista, Puigdemont quiere seguir los pasos de la declaración rupturista del 9N, pero el letrado mayor del Parlament avisa en un informe jurídico, que ha trascendido, que el Estado podría suspender "inmediatamente" cualquier ley o decisión relacionada con dicha resolución porque está anulada por el Tribunal Constitucional (TC). 







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