Julián Muñoz y seis exediles del GIL reconocen los hechos en el caso Goldfinger

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz y seis exediles del GIL han reconocido este lunes los hechos imputados por el fiscal en el caso Goldfinger, en el que se juzga la recalificación urbanística de la parcela de la antigua casa del actor Sean Connery en Marbella.

El juicio ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga y antes de las cuestiones previas se ha producido un acuerdo entre las defensas del exalcalde marbellí y los seis exediles del GIL con las acusaciones respecto al delito contra la ordenación del territorio.

"Me conformo con los hechos", ha asegurado Julián Muñoz -tras ser ayudado a levantarse por el también acusado Juan Antonio Roca, cerebro del caso Malaya- con un aspecto bastante desmejorado y con la ayuda de una muleta.

Además ha pedido perdón a los ciudadanos de Marbella y ha solicitado no acudir a las sesiones del juicio, como ya hizo en el caso Fergocon, debido a su estado de salud, aunque Anticorrupción quiere interrogarlo por un delito de fraude.

Muñoz se ha conformado con la pena de un año de prisión por prevaricación urbanística y su abogado ha pedido una rebaja sustancial por el delito de fraude, que no entraba en el acuerdo.

El presidente del Tribunal, Pedro Molero, le ha adelantado que le eximirá de acudir los días que no sea necesaria su presencia, como ya pasó en el juicio del caso Fergocon.

Por su parte, el abogado de Muñoz, Javier Saavedra, ha denunciado a los periodistas que su cliente tiene juicios cada quince días y que "eso no hay nadie que lo soporte" y menos en las condiciones físicas de su cliente, "que son lamentables".

Los exediles del GIL -Tomás Reñones, Alberto García Muñoz, Rafael González Carrasco, María Luisa Alcalá y Francisco Javier Lendínez- se han conformado con penas que oscilan entre los nueve y quince meses de prisión por delito urbanístico.

Por otra parte, Rocío Amigo, abogada de Roca, ha explicado durante las cuestiones previas que se han vulnerado derechos fundamentales, el derecho a la libertad y a la tutela judicial efectiva que han provocado indefensión a su cliente.

Además durante su exposición ha subrayado que el caso Goldfinger se inició cuando se investigó Malaya y que se debería haber acumulado, porque, a su entender, al no hacerlo, se ha producido infracción del derecho a la tutela judicial ya que Roca ya ha sido condenado y ahora se le piden ocho años más.

Ha recordado que su cliente el próximo marzo cumplirá diez años en prisión y ha lamentado que no haya disfrutado de ningún permiso debido a que Anticorrupción alega que tiene casos pendientes y ha dicho que es el fiscal quien no quiere acumular los procesos.

Además ha dicho que recientemente, Anticorrupción ha presentado 102 procedimientos más contra Juan Antonio Roca.

Por su parte, la abogacía del Estado ha solicitado la suspensión del juicio, que ha sido apoyada por la fiscal y el abogado del Ayuntamiento de Marbella, para estudiar una extensa prueba pericial que ha sido aportada por una de las defensas el pasado 5 de enero.

En este procedimiento se investiga la recalificación urbanística de la parcela de la antigua casa de Sean Connery en Marbella y un supuesto fraude fiscal en la venta de las 72 viviendas que se construyeron en dicho suelo.

Pese a que el caso se denomina Goldfinger, una de las películas protagonizadas por Sean Connery, el actor "nunca aparece en la causa tomando decisiones, no aparece su firma en documento alguno que pudiera incriminarle, no gestiona ni dirige la sociedad Malibú S.A.", según el instructor.

Entre el resto de procesados hay dos abogados, un empresario, tres asesores fiscales y empleados de la banca.

El juicio continúa mañana con la exposición del resto de abogados y posteriormente el Tribunal deliberará sobre todo lo expuesto y determinará si el juicio continúa.