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España

De Rato a Pujol, pasando por Nóos, Gürtel y Púnica

​Los casos de corrupción han protagonizado un año más el panorama judicial.

Nieves Albarracín. Madrid Actualizada 13/12/2015 a las 16:44
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Los casos de corrupción han protagonizado un año más el panorama judicial y a los "clásicos" Gürtel, Nóos, Pujol, EREs, y Púnica, se ha unido el 3 % de CDC y la causa al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato sobre el origen de su fortuna, que se suma a su imputación en Bankia y las tarjetas black.

Una de las imágenes del año, que fue retransmitida en directo, ha sido la del agente de Aduanas posando su mano en la nuca del exministro de Economía mientras le introducía en un vehículo, evidenciando así la situación de detención en la que quedó a mediados de abril mientras registraban su domicilio y su despacho en el madrileño Barrio de Salamanca.

Se abría así un nuevo frente para el exdirector gerente del FMI, cuyo honor se había visto ya seriamente perjudicado por su imputación por la salida a bolsa de Bankia y en relación al uso irregular de las polémicas tarjetas opacas.

El caso Rato pasaba a engrosar así las ya numerosas causas de corrupción que se investigan desde hace años en los tribunales como Gürtel, Nóos (en el que están acusados la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarín), la fortuna oculta en Andorra de la familia Pujol-Ferrusola, Púnica, o los ERE fraudulentos en Andalucía.

Dos de estas causas, Gürtel y Nóos, han enfilado este año su última fase y se encaminan ya a la celebración de juicio, aunque solo Nóos tiene señalada fecha para su inicio, el 11 de enero, momento en el que la Audiencia de Palma decidirá si juzga a la infanta Cristina o la exime en aplicación de la llamada "doctrina Botín".

La fecha del juicio de Gürtel aún es un enigma. La inesperada salida de prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas el pasado 22 de enero, tras permanecer 19 meses encarcelado, eliminaba el factor de urgencia que requiere una causa con preso, siempre prioritarias a la hora de los señalamientos.

También ha sido necesario recomponer el tribunal encargado de juzgar Gürtel Epoca I (1999-2005) tras ser aceptadas a finales de octubre las recusaciones planteadas para apartar a dos de los tres magistrados -Concepción Espejel y Enrique López- ante las dudas de su imparcialidad derivadas de su afinidad ideológica al PP.

Ambos magistrados también fueron designados para juzgar el caso Bárcenas sobre la caja B del PP, lo que les valió volver a ser recusados, y, aunque la Audiencia Nacional aún no ha resuelto este nuevo incidente, todo indica que acabarán siendo también apartados.

No obstante, la celebración de estos dos juicios no supondrá el fin de la instrucción del caso Gürtel siete años después de que se abriera, ya que aún quedan pendientes otras piezas desgajadas de la causa principal como las adjudicaciones de Aena a empresas de la trama o la que investiga contratos relacionados con la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, entre otras.

Más lejano aún parece el juicio por el caso Pujol, aunque el pasado 27 de octubre dio un vuelco cuando el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investigaba a Jordi Pujol Ferrusola, desplegó la operación Hades (dios griego de los muertos) en la que 200 policías colaboraron en 15 registros en domicilios y empresas de Cataluña y Madrid para los que no hubo orden de detención.

El origen de esta nueva fase en la investigación a los Pujol, que derivó en la imputación de Pere y Josep Pujol -con lo que desde ese momento quedaron imputados los nueve miembros del clan-, partía de la comisión rogatoria de Andorra, a través de la que De la Mata ha descubierto abonos en efectivo de origen desconocido en las cuentas del primogénito de los Pujol por un total de 31,8 millones de euros.

Además, ha aparecido un documento en el que el expresidente catalán acreditaría ser el verdadero titular de una cuenta bancaria abierta en Andorra que gestionaba su hijo mayor y que acumuló 1,84 millones hasta ser vaciada en 2010.

Apoyándose en estos datos, la juez de Barcelona, que desde julio de 2014 investigaba la fortuna en Andorra del expresidente catalán, acordó inhibirse en favor de De la Mata al entender que existe una "estrecha vinculación" entre ambas causas y por ser su juzgado el primero en abrir en 2012 una causa a un miembro de la familia.

Entretanto, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sigue investigando a Oleguer Pujol, y pese a que en 2014 fueron registrados su domicilio y sus empresas y se le mantuvo detenido, aún no ha sido llamado a declarar a la espera del informe definitivo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

A la trama corrupta de la familia Pujol se unió también el llamado caso del 3 %, que investiga comisiones de empresarios a Convergencia (CDC) a cambio de adjudicaciones públicas a través de su Fundación Catalanista y Demócrata (Catdem).

El tesorero de CDC, Andreu Viloca, ingresaba en prisión el 22 de octubre por orden de un juez de El Vendrell (Tarragona), aunque, al mes siguiente, la Audiencia de Tarragona le dejaba en libertad previo pago de una fianza de 250.000 euros, que fue abonada por su partido.

La tortuosa instrucción del caso de los ERE pasó este año fugazmente por el Tribunal Supremo a cuenta de los aforados en esta causa, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñan. Sin embargo, al haber abandonado todos ellos su actividad parlamentaria, la causa fue devuelta al juzgado de Sevilla que lo remitió y que ahora dirige María Núñez Bolaños.

Su antecesora, Mercedes Alaya, trató de mantener la instrucción de este caso tras conseguir una plaza de magistrada en la Audiencia de Sevilla y aunque en un momento se le concedió una comisión de servicios, la entrada de otro juez de apoyo derivó en la revocación de ese permiso por parte del Tribunal Superior de Andalucía, con el posterior visto bueno del CGPJ.

Otro exponente de la corrupción municipal y regional es el caso Púnica, que suma ya más de cien imputados, y que este verano también dio un giro cuando David Marjaliza (considerado socio de Granados en esta trama) pidió declarar ante el juez Eloy Velasco.

Marjaliza, en prisión desde octubre de 2013 y que hasta ese momento se había negado a prestar declaración, necesitó dos días para dar su versión del caso a lo largo de trece horas. Confesión que, pese a los levantamientos parciales del secreto de sumario este verano, el juez mantiene aún a buen recaudo.







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