El Gobierno del Principado de Asturias considera que el cupo vasco y la aportación navarra son "un claro privilegio financiero ajeno a los principios constitucionales", que "discrimina claramente a las comunidades autónomas de régimen común".

Ésta es una de las conclusiones del último análisis realizado por la Consejería de Hacienda y Sector Público sobre el vigente modelo de financiación autonómica, que ha sido entregado por la consejera, Dolores Carcedo, a los grupos parlamentarios con el objetivo de consensuar una postura común al respecto de cara a la futura negociación.

El documento incide en "la escasa aportación que los territorios forales hacen al principio de solidaridad, la poca información sobre el método de cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra, con numerosos mecanismos de ajuste favorables a estos territorios, lo que ha devenido en un claro privilegio financiero ajeno a los principios constitucionales".

A este respecto, recuerda que "la disposición adicional primera de la Constitución no establece que la existencia de un sistema financiación foral conlleve diferencias ni privilegios" sino "más bien al contrario," porque "el marco general de la Constitución prohíbe tales privilegios".

El informe afirma que los resultados financieros de los regímenes forales de Navarra y las tres diputaciones forales del País Vasco, en términos de financiación por habitante, ponen de manifiesto "una evidente diferencia que discrimina claramente a las comunidades autónomas de régimen común".

Por ello, aboga por calcular "correctamente" tanto el cupo vasco como la aportación navarra para que "su resultado en términos de recursos por habitante ajustado sea equiparable al que ofrece el régimen común".

"Es preciso abordar una reforma con el fin de igualar los resultados financieros obtenidos por todas las comunidades autónomas en un plazo razonable de tiempo", insiste el análisis elaborado por la Consejería.

El Gobierno regional ha realizado el estudio del modelo de financiación vigente desde el punto de vista de las necesidades de gasto que deben financiarse, los mecanismos para su financiación y la evolución dinámica del modelo.

A este respecto, el informe constata una "insuficiencia de recursos para la prestación de servicios", de forma que "el sistema se constituye no como un mecanismo de financiación de necesidades, sino de distribución de una cesta de recursos predeterminada que evoluciona de forma independiente a las necesidades".

Por ello, aboga por realizar un estudio "serio e independiente" de las necesidades reales de gasto, una vez definida una cartera de los servicios públicos a los que debe dar cobertura el modelo de financiación.