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Cataluña

El TSJC ve el apoyo a imputados por el 9N como un "ataque directo" a su independencia

Ortega y Rigau han comparecido ante el tribunal como imputadas a raíz de la querella que presentó la Fiscalía por la consulta alternativa del 9N.

Efe. Barcelona Actualizada 13/10/2015 a las 23:32
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Los jueces rechazan el acto de protesta a las afueras del TSJC para arropar a Rigau y Ortega

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tildado de "ataque directo a la independencia judicial" las manifestaciones convocadas hoy frente a su sede en apoyo de la exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau, que han declarado que no desobedecieron al Constitucional el 9N.
Ortega y Rigau han comparecido ante el tribunal como imputadas a raíz de la querella que presentó la Fiscalía por la consulta alternativa del 9N, en que se las acusa de los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.


Arropadas por miembros del gobierno catalán, ambas han sido recibidas a su llegada a la sede del tribunal por centenares de personas que enarbolaban banderas "estelades", clamaban "independencia" y entonaban el himno de "Els Segadors", en unas concentraciones convocadas por las entidades soberanistas.

En sus declaraciones ante el TSJC, Ortega y Rigau se han negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y las acusaciones particulares en un "juicio político", según lo ha tildado la actual vicepresidenta catalana, Neus Munté, tras la reunión del Govern.


Munté, como el resto de miembros del Govern excepto el president Artur Mas -que declarará el jueves-, ha arropado ante el TSJC a Rigau (CDC), por la mañana, y a Ortega (UDC), por la tarde, quienes también han recibido el apoyo de los dirigentes de Unió -tildados de "botiflers" (traidores) por algunos manifestantes-, de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, la CUP, la ANC y Òmnium Cultural. En un comunicado, la sala de gobierno del TSJC ha dicho que los actos de apoyo ante su sede a los imputados son un "ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial" y un cuestionamiento "aún más inadmisible" cuando es una estrategia diseñada por cargos públicos.


El TSJC ha alertado de que "cuestionar de manera interesada que la actuación de los tribunales de justicia solo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política".


Por su parte, la exvicepresidenta Ortega ha alegado que la organización de la consulta estaba en manos de voluntarios cuando el TC la suspendió, por lo que no tiene "ninguna conciencia de haber desobedecido, ni de haber dictado ninguna resolución injusta, ni mucho menos cometido ninguna irregularidad económica". Ortega ha señalado que no es bueno "criminalizar un acto político democrático y pacífico" como el 9N, porque estos asuntos se tienen que "dirimir con diálogo, consenso y con voluntad de pacto".

Por su parte, la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ha explicado por la mañana que no ha respondido a la Fiscalía porque le es "difícil de entender" el cambio de criterio de este órgano, que se querelló contra ella después de que los fiscales de Cataluña consideraran que no había lugar a la acusación. La consellera en funciones ha asegurado ante el juez que no dio "ninguna orden ni instrucción a los directores de instituto" para la organización del 9N y que se limitó "simplemente a informarles de que los centros podrían ser usados" para la misma por parte de voluntarios.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido la labor desempeñada por la Fiscalía en Cataluña y ha asegurado que no entiende "los comentarios" en contra de Rigau.

La dirigente del PP Andrea Levy ha denunciado que el conseller de Justicia, Germà Gordó, se haya sumado al "acto de presión" contra el TSJC, un gesto que ha llevado a los populares a pedir su dimisión. Asimismo, el líder del PPC en el Parlament, Xavier García Albiol, ha criticado que las concentraciones ante el TSJC demuestran una "falta de respeto" de la Generalitat respecto al poder judicial.

Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha lamentado las imputaciones por el 9N, pero ha criticado que se hayan convocado manifestaciones ante los juzgados, algo que "no es propio" porque, ha dicho, "puede ser un intento de condicionar la justicia".

La líder de Ciutadans en Cataluña, Inés Arrimadas, ha recordado que "los políticos del siglo XXI no deben estar por encima de las leyes", y ha mostrado "respeto" a los manifestantes. A última hora de la tarde, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha leído en una plaza Sant Jaume llena de ciudadanos el manifiesto contra las querellas que considera "antidemocráticas" contra Mas, Ortega y Rigau, un acto que se ha repetido en Girona, Lleida y Tarragona, entre otras localidades catalanas.

Ante representantes del Govern, miembros de CDC, ERC, Unió, ICV, EUiA y la CUP, así como líderes sindicales CCOO y UGT, que sostenían urnas como las utilizadas el 9N, Colau ha leído el manifiesto firmado por el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, donde se acusa al Gobierno central de provocar una "anomalía democrática" al "judicializar" el 9N.







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