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Reforma Local

La CC. AA. piden al Gobierno que aplace dos años la aplicación de la reforma local

Critican la falta de un plan de financiación con el que poder aplicar el nuevo marco competencial

Europa Press. Madrid/Zaragoza Actualizada 07/10/2015 a las 17:37

Las comunidades autónomas han solicitado una moratoria en el calendario de aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que deberá entrar en vigor el 1 de enero de 2016, debido a que no se ha adecuado un marco de financiación con el que poner en práctica la nueva realidad competencial recogida por la norma.

Durante el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales, los diferentes responsables de Gobierno autonómicos han pedido al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que traslade esta petición "prácticamente unánime" de las diferentes comunidades autónomas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El objetivo es que Montoro acepte modificar a través de la ley de presupuestos una enmienda con la que se podría posponer la aplicación de la reforma local, aprobada por el PP en esta legislatura con el rechazo de buena parte de grupos de la oposición.

Así lo ha asegurado la responsable de asuntos sociales de Baleares, Josefina Santiago, en declaraciones a los periodistas a su salida de la reunión. "Esto sí ha sido un ruego, hemos coincidido todas las comunidades prácticamente", ha dicho la consejera balear, añadiendo: "Esperamos que al ser una petición conjunta de las comunidades, el ministro Montoro acepte".
Con la nueva reforma local, los servicios sociosanitarios que prestan los municipios pasan a ser responsabilidad de las comunidades --que tienen la competencia general en la materia--. Sin embargo, los diferentes Ejecutivos regionales critican este traspaso de competencias sin que se haya definido un marco de financiación.


Al respecto, el ministro Alonso ha recordado que la solución de este asunto compete a Hacienda, pero sí ha mostrado su preocupación. En este sentido, ha advertido de la necesidad de haber adecuado el marco financiero para poder aplicar la nueva realidad competencial, motivo por el que las regiones piden más tiempo para poder aplicar la norma.

Inseguridad jurídica

"Si el Gobierno de España no atiende a la solución de las comunidades autónomas en relación con la moratoria de la entrada en vigor de ese ámbito competencial porque no hay definido un plan de financiación autonómico ni local podemos dejar en una inseguridad jurídica a muchos funcionarios (...) y dejar a mucha gente sin atender", ha destacado el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, instando al Gobierno central a que acepte la moratoria "porque si no habrá un conflicto en la atención".


Según la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, de no derogarse la disposición transitoria segunda de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, por la que el 1 de enero las competencias en materia de servicios sociales de los ayuntamientos deben ser asumidas por los Ejecutivos, "muchas personas podrían dejar de ser atendidas". En concreto, ha añadido, medidas tan importantes como la teleasistencia o la ayuda a domicilio "podrían estar en peligro".

Por otro lado, la mayoría de los representantes autonómicos han mostrado su satisfacción por la creación de un grupo de trabajo para la evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación del baremo de valoración de la situación de dependencia así como para hacer un seguimiento de la norma, medida acordada este miércoles.

No obstante, el consejero extremeño cree que en materia de dependencia "tiene que sobrepasar el ámbito de lo que es una legislatura": "Tenemos que aprender a hacer cosas que trasciendan porque la atención de servicios sociales y derechos de la ciudadanía no pueden estar sujetos al ámbito de una legislatura", ha dicho, expresando su deseo por alcanzar un pacto de Estado en la atención a la dependencia.

Desde la Comunidad Valenciana, la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, ha insistiDO en que el hecho de baremar a las personas dependientes "no puede volver a ser la excusa para bajar de grado" los niveles de dependencia.

La consejera de Bienestar Social y Familia y vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, ha asegurado que su Comunidad Autónoma, que al igual que Oltra ha recordado la infrafinanciación de su región, ha criticado la "recentralización" y los recortes en materia de servicios sociales "con leyes lesivas" como la reforma local.







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