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Tribunales

Rodrigo Rato queda en libertad y pide que se esclarezcan los hechos cuanto antes

El exvicepresidente del Gobierno no podrá viajar fuera de la Unión Europea ya que se le ha retirado el pasaporte, y deberá comparecer mensualmente.

Efe. Madrid Actualizada 06/10/2015 a las 22:59
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Rodrigo Rato pide que se esclarezcan los hechos.HA

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha quedado en libertad tras declarar ante el juez que investiga presuntas irregularidades relacionadas con su fortuna, aunque no podrá viajar fuera de la Unión Europea, pues se le ha retirado el pasaporte, y deberá comparecer mensualmente.

En declaraciones a Efe, Rato ha insistido en que es la persona "más interesada" en que se esclarezcan los hechos que investiga la Justicia, a la que muestra su "absoluta colaboración" con la esperanza de que se demuestre su inocencia.

Con este objetivo ha anunciado que remitirá al juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, informes periciales que constaten "de manera fehaciente" que todos los bienes que ha tenido en el extranjero "tienen origen familiar" y han sido declarados "voluntariamente" a la Hacienda pública española.
Además, ha asegurado que no dispone de otros bienes fuera de España sin declarar y espera que las pruebas que aporte al juez dejen claro también que "todas las transacciones de divisas que haya podido realizar eran legales" y constan para la Agencia Tributaria.


No obstante, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) dice que ignora la procedencia de 6,5 millones de euros, según la documentación que obra en poder del magistrado, cuyas preguntas han sido respondidas por Rato, al igual que las de la fiscal Anticorrupción, que ha pedido las medidas cautelares finalmente impuestas.


Buena parte del interrogatorio ha estado centrado en la contratación por parte de Bankia, en la época de Rato, de las compañías Publicis y Zenith Media para dar a conocer la imagen del nuevo banco y su debut bursátil mediante un concurso competitivo.


Rato ha aclarado que no participó ni influyó "de ninguna manera" en la concesión de estas campañas de publicidad y está convencido de la "rectitud" de su actuación, puesto que todos los contratos fueron estudiados y adjudicados por comités profesionales de los que no formaba parte.

Y así consta en el expediente del concurso que, según ha puntualizado, debe obrar en poder de Bankia.

El magistrado del caso Rato, que la semana pasada interrogó como imputados a la secretaria personal del exministro, Teresa Arellano, y al gestor de la familia, Miguel Ángel Montero, tomará ahora declaración a dieciséis testigos, ocho este miércoles y otros tantos este jueves. De ellos, exactamente siete, son directivos de Bankia.

Todo ello porque Serrano-Arnal sospecha de que en la concesión de los contratos de publicidad maniobró el empresario Alberto Portuondo, en prisión desde mediados de agosto y que presuntamente cobró dos millones de euros por interceder en la adjudicación.

Posteriormente, el mismo Portuondo, a través de Albisa, habría desviado 833.000 euros a la empresa Kradonara, epicentro del entramado societario de Rato, aunque el exministro ha señalado que esta cantidad corresponde a pagos por trabajos profesionales "con contenido" y documentados adecuadamente.

Rato, que accedió por su propio pie a los Juzgados de Plaza de Castilla mucho antes de su cita, con lo que esquivó la presencia de medios y la veintena de preferentistas que luego se congregó, defendió también el cobro por su asistencias a congresos.

Según su declaración, la Agencia Tributaria conoce todos esos ingresos, a pesar de que están en el punto de mira de la investigación, por la que se le imputa al exministro los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.

Poco a poco se han ido conociendo detalles de una causa que se mantiene secreta, a pesar de que el propio Rato entiende que no se justifica si se tiene en cuenta la naturaleza de los hechos y que toda la documentación relevante ha sido ya incautada y consta a disposición de la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y el Juzgado.







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