La Fiscalía cifra en 5,41 millones el posible fraude por las audioguías de la Alhambra

La Fiscalía ha cifrado en más de 5,41 millones de euros las posibles pérdidas totales causadas en los ingresos del Patronato público que gestiona la Alhambra de Granada por las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación y contratación del servicio de audioguías de este monumento nazarí.

El Ministerio Público desglosa esta cuantía en la querella que presentó contra María del Mar Villafranca -quien ha anunciado su renuncia como directora general del conjunto monumental-, otros tres altos cargos del Patronato y dos empresarios de la empresa adjudicataria Stendhal Museum Solutions SL.

En la querella, el fiscal, que pide que declaren como imputados todos los querellados, se refiere al "importante perjuicio" ocasionado a las arcas del Patronato y al "beneficio considerable" que el supuesto fraude supuso al adjudicatario del servicio de audioguías.

La acusación pública, que en la fundamentación jurídica apunta a la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, se refiere al "nulo control" por parte de los responsables del Patronato en el seguimiento del contrato y a la "actitud especialmente favorecedora" a los intereses de la firma "Stendhal".

Entre otras cuestiones, advierte de la falta de valoración en la "temeridad de la oferta" por procedimiento de urgencia para la adjudicación del servicio, la falta de exigencia del pago de las cantidades adeudadas y el "nulo control" sobre el cumplimiento del contrato y sus condiciones por parte del Patronato que gestiona el conjunto monumental más visitado de España.

Los hechos se remontan a septiembre de 2007, cuando el Patronato adjudicó a GTP Museum Solutions (ahora Stendhal Museum Solutions) la explotación del sistema de audioguía para las visitas a la Alhambra por 77.000 euros de canon fijo, que se incrementarían a 121.000 si se superaban las 250.000 unidades, y el 47 % de canon variable.

Pese a que no consta justificación del procedimiento de urgencia, el contrato se firmó un mes después y con condiciones distintas: 30.000 euros de canon fijo y el 15 % de canon variable.

En diciembre de 2010, más de tres años después de la firma del contrato y sin que el adjudicatario hubiera ingresado cantidad alguna al Patronato sobre lo acordado, Villafranca dictó una resolución de rectificación de "errores materiales" volviendo a las cifras iniciales del contrato (77.000 euros fijos y 47 % variable).

Ya en octubre de 2011, cuando el adjudicatario solo había satisfecho "dos mínimas cantidades", el Patronato prorrogó la concesión otros cuatro años más, y todo ello, relata el fiscal, pese a los incumplimientos de pago de la empresa, que tampoco aportaba información sobre la recaudación o el número de alquileres -como así lo establecía el contrato-, ni los querellados se lo exigían.

La prórroga también se acordó pese a que el número de audioguías alquiladas había caído "hasta casi la mitad".

Meses después se modificó el objeto y las condiciones técnicas y económicas del contrato inicial con la inclusión de una cláusula en la que el adjudicatario se comprometía a mantener un puesto de trabajo de información en el punto de alquiler de las audioguías, cuyo coste se detraería del canon variable trimestral.

Además, el alquiler de audioguías a grupos estaba exento del canon variable, lo que supuso para la empresa un "importante beneficio" dado que, por resolución de la Junta de Andalucía, todos los grupos de visitantes debían llevar obligatoriamente una audioguía.

El Patronato hizo un reconocimiento de la deuda contraída por la empresa que, según el fiscal, "fue orquestado y consensuado por las partes a pocos días de la expiración de los cuatro primeros años de contrato" para posibilitar la prórroga del mismo y justificarla ante el pleno del Patronato pese a la elevada deuda acumulada por la empresa y que no abonaba al Patronato.

Como consecuencia de estos hechos, el adjudicatario ocultó de 2007 a 2011 la recaudación obtenida por el desarrollo del contrato con la Alhambra, y ante la exigencia del Patronato para que rindiera cuentas de los impagos y la falta de tesorería de esta empresa "urden un plan" para aflorar el "dinero opaco" de la empresa.

De esta forma, llegaron a facturar de forma "ficticia" alquileres de audioguías para un número de grupos que excedía al número de equipos de los que la propia empresa disponía.

La querella tiene su origen en la denuncia presentada ante la Agencia Tributaria por un exempleado de la adjudicataria.