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Ministerio de Justicia

El Código Penal entra en vigor este miércoles con "fallos" y bajo la amenaza del Constitucional

Es el proyecto de mayor envergadura impulsado por Justicia en esta legislatura.

R. Martínez (Efe). Madrid Actualizada 28/06/2015 a las 17:38
1 Comentarios
El ministro de Justicia, Rafael Catalá.Efe. W.García

Casi tres años después de su nacimiento, el nuevo Código Penal entra este miércoles en vigor con "errores" en la redacción de algunos delitos y bajo la amenaza del recurso de inconstitucionalidad que el PSOE presentará inmediatamente contra la pena que a nadie deja indiferente: la prisión permanente revisable.

Dos tercios de la sociedad española la defienden, pocos juristas la sostienen y toda la oposición la denuncia, pero lo cierto es que a partir del 1 de julio los atentados terroristas y los asesinatos a menores, entre otros delitos, serán castigados con lo que todos los partidos han tachado como "una cadena perpetua encubierta".

Se trata de la principal novedad del proyecto de mayor envergadura impulsado por Justicia en esta legislatura y uno de los más modificados, algo que no es novedad en el departamento que dirige Rafael Catalá cuando se trata de propuestas concebidas por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón. Aunque su futuro está lleno de incógnitas y amenazas.

Y es que el PSOE ya ha sacado toda su artillería. Esta semana, los socialistas presentarán ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la prisión permanente que contará con el apoyo de más formaciones, y eso sin olvidar su promesa de derogarla en caso de llegar al gobierno.

Fuentes parlamentarias han confirmado a Efe que Convergencia y Unió, BNG y Compromís firmarán el recurso de los socialistas, al que probablemente se sumarán también la Izquierda Plural y el PNV.

Además de incorporar la prisión permanente revisable, el texto eleva a 16 años la edad de consentimiento sexual, introduce el delito de financiación ilegal de los partidos, castiga el matrimonio forzado, establece medidas de libertad vigilada para casos de asesinatos graves y violencia de género, y suprime las faltas.

Sin la repercusión mediática de otras medidas estrellas de la reforma, el adiós de las faltas se ha convertido en las últimas semanas en el nuevo quebradero de cabeza para el ministerio y la Fiscalía, después de detectar "errores" en 16 delitos menos graves, que tendrán que considerarse leves.

No obstante, Catalá ha cerrado el debate al asegurar que ese fallo "es solo una cuestión de debate académico" que "no tendrá ninguna consecuencia práctica". No lo entiende así la Fiscalía General del Estado, que ya ha enviado una circular en la que alerta de los errores detectados, dando instrucciones a los fiscales de cómo actuar. No son los únicos que hablan de pedagogía penal.

Tanto Jueces para la Democracia (JpD) como Foro Judicial Independiente (FJI) advierten de los "muchos y enormes problemas" que va a provocar en la Justicia las "deficiencias técnicas" del texto, que obligará a revisar decenas de miles de causas en los juzgados con un coste que se antoja incuestionable: más carga de trabajo implicará más lentitud en la Justicia.

"La realidad tiene un coste y será en tiempo o en dinero", señala a Efe Conrado Gallardo, de FJI, mientras que Álvaro García, de la Unión Progresista de Fiscales (UFP), habla de "chapuza" y afirma que el debate "en absoluto es académico, como dice el ministro".

Todos ellos comparten que "el fallo del legislador es bastante grande", como señala Emilio Frías, de la Asociación de Fiscales (AF). "Es tal el conjunto de errores y de elementos confusos que haría falta un esfuerzo formativo considerable e inminente", dice Joaquim Bosch, de JpD.

La polémica de las faltas no es baladí y hasta los sindicatos exigen formación a los funcionarios de la Administración al respecto. La norma conllevará la revisión y archivo de muchos procesos de faltas, ya que algunas pasan a ser delitos leves y la mayoría sanciones administrativas, lo que puede desembocar en el archivo de las causas, entre ellas, la que se sigue contra la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre.

Ahora bien, otra historia será su aplicación. Jueces y fiscales deberán interpretar la nueva ley de manera particular en cada causa, recordando que la retroactividad siempre se aplica en sentido favorable.

Precisamente, el Código Penal entra en vigor el mismo día que también lo hace la Ley de Seguridad Ciudadana, las dos normas más censuradas por colectivos y organizaciones sociales en estos cuatro años y ante las cuales ya han diseñado un calendario de protestas bajo el lema #SinMordazas. Su primera acción no tardará: una sentada en el Congreso tan solo un minuto después de su entrada en vigor. 


  • Chema02/07/15 07:26
    Esto pasa cuando se impone una ley sin contar con los profesionales que tendrán que aplicarla, una chapuza. Mal redactada, contradictoria, absurda en las comparaciones entre delitos y penas... Un desastre





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