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Cataluña

​El TSJC pide a la Delegación del Gobierno en Cataluña toda su documentación sobre el 9N

La Fiscalía ha tenido conocimiento de que la delegación catalana cursó una serie de oficios a diversas instituciones relacionados con el 9N.

Efe. Barcelona Actualizada 22/06/2015 a las 19:20
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha requerido a la Delegación del Gobierno en Cataluña que le remita toda la documentación que obre en su poder relacionada con la convocatoria, preparación, votación y escrutinio de la consulta soberanista del pasado 9N.

En una providencia, el magistrado del TSJC que investiga al presidente de la Generalitat, Artur Mas, por el 9N, ordena esta diligencia a instancias de la Fiscalía, que ve urgente dar un "impulso decidido e inmediato" al procedimiento para no "prolongar desmesuradamente la inevitable perturbación de la vida institucional que la misma conlleva".

En un escrito, la Fiscalía apunta que ha tenido conocimiento de que la Delegación del Gobierno en Cataluña cursó una serie de oficios a diversas instituciones de la Generalitat relacionados con el proceso participativo del 9N, por lo que considera de "evidente trascendencia" disponer de estos documentos y especialmente de las respuestas que pudieron dar las entidades destinatarias.

La Fiscalía planteó esta nueva diligencia en un escrito remitido al alto tribunal catalán el pasado 15 de junio, con el objeto de apremiar al magistrado para que resolviera "a la mayor brevedad posible" sobre la quincena de medidas de investigación que el ministerio público le había propuesto en marzo pasado.

Precisamente, el TSJC acordó el pasado 15 de junio -justo el mismo día en el que la Fiscalía le presentó este nuevo escrito- aceptar la quincena de diligencias que le había planteado el ministerio público en marzo, encaminadas a averiguar el coste de la consulta e identificar a los responsables de su gestión.

Antes de que el TSJC accediera a su pretensión, la Fiscalía sostenía en su escrito que la "trascendencia social" de la causa del 9N requería de un "impulso decidido e inmediato", por lo que consideraba "inaplazable" requerir a las diversas administraciones públicas para que remitieran la documentación que planteaban, "máxime cuando se desconoce la celeridad que aquéllas vayan a aplicar, o no, a su recopilación".

"Cualquier procedimiento penal debe estar presidido por la necesidad de resolverlo en un plazo razonable, pues no otra cosa significa el principio constitucional de proscripción de las dilaciones indebidas. Si la causa presenta, además, innegables repercusiones políticas urge todavía más su culminación a fin de no prolongar desmesuradamente la inevitable perturbación de la vida institucional que la misma conlleva", remarcaba la Fiscalía.

El mismo día que recibió este escrito, el alto tribunal catalán aceptó la propuesta del ministerio público y requirió a la Generalitat que le facilitara el coste de la consulta soberanista del 9N y citó como testigos a dos inspectores de Enseñanza y a la delegada territorial de la consellería en Barcelona-comarcas para averiguar quien ordenó a directores de escuelas que cedieran sus locales para la votación.
Según la Fiscalía, las diligencias que había solicitado en marzo -y que el TSJC finalmente ha aceptado requerir- "resultan a todas luces cruciales para valorar de forma fundamentada la relevancia penal que indiciariamente presentan los hechos objeto de este proceso".

Por este motivo, la Fiscalía solicitaba al magistrado instructor que aceptara sus diligencias -como finalmente hizo- y que en los requerimientos que cursara a las diversas administraciones públicas se hiciera constar la "urgencia" de su cumplimiento. En su escrito, los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez-Ulled también solicitaba al TSJC que requiriera a la Delegación del Gobierno toda la documentación que obre en su poder relacionada con la convocatoria, preparación, votación y escrutinio de la consulta soberanista del 9N.

Según el ministerio público, los oficios remitidos por la Delegación del Gobierno y las respuestas que emitieran las entidades destinatarias "constituyen un elemento de evidente trascendencia para perfilar adecuadamente el devenir de los hechos que son objeto de este procedimiento, por lo que resulta de todo punto pertinente y necesario incorporarlos a las actuaciones".

En su providencia, fechada el pasado 18 de junio y que este lunes ha sido notificada a las partes, el alto tribunal catalán acuerda librar el correspondiente requerimiento a la Delegación del Gobierno, si bien esta resolución pude ser recurrida en los próximos tres días.







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