La percepción de la corrupción en España sube diez puntos desde el inicio de la crisis
Los políticos implicados en casos de corrupción han perdido entre un 4% y un 6% de los votos.
El índice de percepción subjetiva de la corrupción en España ha crecido 10 puntos desde el inicio de la crisis económica, período en el que los políticos implicados han perdido de media entre un 4 % y un 6 % de sus votos, y hasta el 14,5 % de su apoyo electoral si el caso ha sido muy mediático.
Estas son algunas de las conclusiones de un informe sobre 'Corrupción: magnitud, causas y consecuencias', que ha presentado el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) de la Universidad de Barcelona (UB).
El catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid Javier Salinas Jiménez, uno de los autores del informe, ha explicado que pese a que "los índices de percepción subjetiva de la corrupción en España han empeorado considerablemente, hay indicios objetivos de que los niveles de corrupción pueden haber disminuido".
Esta disminución sería por "la crisis económica, el enfriamiento de la economía, especialmente en el sector urbanístico, y la caída de la contratación pública". "Sin embargo -según el catedrático-, la lentitud de la Justicia, la baja intensidad de las sanciones penales en casos de corrupción relevantes, la sensación de impunidad de las élites y el afloramiento de escándalos en instituciones clave del Estado explican la percepción social negativa que se mantiene".
El informe destaca que "la crisis económica ha incrementado, también, el nivel de exigencia ciudadana" y remarca las medidas adoptadas para incrementar la transparencia de las administraciones.
Recuerda que el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional (TI) sitúa a España en valores de corrupción "estables" y próximos a la media de la UE, y detalla que mientras en los años de bonanza económica el índice daba a España una puntuación de 70 (donde 100 indica el nivel más bajo de corrupción), en 2014 el resultado cayó hasta los 60 puntos.
En este índice europeo, España ocupa la posición 19 de 32, lejos de los nórdicos (que ocupan las primeras posiciones), pero también de Grecia, Italia y Rumanía, donde los ciudadanos consideran la corrupción como un problema sistémico en el país, según el informe.
El estudio del IEB asegura que "la crisis no ha hecho aumentar la corrupción, sino que le ha dado visibilidad" y recuerda que, según el CIS, un 50 % de la población considera que la corrupción y el fraude es uno de los tres principales problemas del país, mientras que hasta octubre de 2009 solo 1 % de la población percibía la corrupción como un problema.
El informe advierte sobre el fenómeno de desafección política que causa la alta percepción de corrupción y asegura que los alcaldes implicados en casos de corrupción sufren una pérdida media de entre el 4 % y el 6 % de sus votos, un porcentaje que crece hasta un 14,5 % cuando hay cobertura mediática.
Concluye el trabajo que en épocas de bonanza económica la población perdona más las "situaciones irregulares en las que la comunidad puede lograr un beneficio inmediato, como la estimulación económica durante la burbuja inmobiliaria".
El IEB apunta a la creación de mecanismos de transparencia como una posible medida de control y corrección de la corrupción y recomienda crear herramientas tanto de "transparencia pasiva" (dar acceso a archivos y registros administrativos) como de "transparencia activa" (la administración difunde información), como el Portal de Transparencia, activo desde 2014.
El informe aporta un índice de transparencia de las comunidades autónomas, en el que analiza 80 indicadores sobre la información que las comunidades dan a sus ciudadanos.
Este índice sitúa a Castilla y León, Cataluña y País Vasco como las tres comunidades más transparentes (100 puntos sobre 100), mientras que Madrid (65), Murcia (78,8) y Canarias (80) se sitúan en la cola. La media española está en 88,6 puntos.
Además de las herramientas de transparencia, los autores del informe consideran "indispensables" para prevenir la corrupción la existencia de medios de comunicación activos y la consolidación de un poder judicial independiente.
En este sentido, el IEB recuerda que en España hay 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes, 10 menos que la media europea, y que el gasto en justicia por habitante es de 32,4 euros, por los 60,6 de media que gastan los países de la UE.
