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Consejo de Ministros

El Gobierno recurre al Constitucional la ley catalana de medidas fiscales y financieras

El Ejecutivo cree que la ley sienta "las bases" para ir "trabajando en las estructuras de Estado" cuyo fin sería la soberanía de Cataluña

Efe. Madrid Actualizada 12/06/2015 a las 17:05
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La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.Efe

El Consejo de Ministros ha autorizado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de medidas fiscales y financieras, aprobada por el Parlamento catalán el pasado 11 de marzo.
El Ejecutivo impugna dos artículos de la ley -los números 69 y 95- así como diversas disposiciones adicionales -la 22, 23, 24, 25 y la 26-, y acuerda solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión automática de la vigencia de esta ley.


La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa que el Gobierno ve inconstitucional partes de esta ley en las que se que sientan "las bases" para ir "trabajando en estructuras de Estado" cuya finalidad sería la soberanía de Cataluña.

La decisión del Ejecutivo cuenta con el aval del Consejo de Estado y el informe favorable de la Abogacía del Estado, ha dicho Sáenz de Santamaría quien ha añadido que la norma catalana afecta a competencias de Justicia, Hacienda, Economía e Interior.


El Gobierno, ha anunciado Sáenz de Santamaría, recurre además al TC el artículo 34 de la ley de presupuestos de la Generalitat, por vulnerar la del Estado al exceder los límites básicos establecidos respecto a la regulación de la masa tributaria de los funcionarios y la oferta de empleo.


La vicepresidenta ha recordado además que el TC ha ido declarando inconstitucionales los pasos de la hoja de ruta que firmaron los partidos soberanistas en Cataluña para la independencia de esta comunidad.


Así, ha dicho que primero fue la declaración de soberanía aprobada por el Parlament, después, la ley de Consultas y, ayer mismo, la consulta alternativa del pasado 9 de noviembre.

Ha añadido que la argumentación del Tribunal Constitucional en todas esas decisiones avala que tampoco será constitucional "ese paso previo de un futuro" que pretendía la ley catalana de medidas fiscales y financieras que ahora recurrirá el Gobierno.

Sáenz de Santamaría ha desgranado los argumentos en contra de cada precepto que se recurre al TC y ha comenzado con la disposición adicional 22, que pretende crear un plan que "haga posible lo que llaman la administración tributaria de Cataluña llamada a gestionar todos los impuestos catalanes".

Se recurre además la disposición adicional número 23, porque su finalidad es "inventariar los bienes de la Administración General del Estado y todos sus activos y pasivos bajo la premisa de que en alguna ocasión pueden entrar a la administración pública de Cataluña".

La número 24 sobre regulación de las infraestructuras estratégicas -que incluyen el agua y la energía, los aeropuertos, puertos o las telecomunicaciones- el Gobierno destaca que en esta materia y tratándose de infraestructuras generales, Cataluña carece de competencias.

La disposición adicional 25 de la ley recurrida al TC creaba la agencia catalana de protección social, lo que supondría otra vez que Cataluña asumiera competencias que el Estado ostenta en materia de Seguridad Social.

Supondría, ha dicho Sáenz de Santamaría, "la ruptura del principio de la caja única de la Seguridad Social. que "protege a todos" en la jubilación, independientemente de que se resida en una comunidad "deficitaria" como es el caso de Cataluña.
Respecto a la número 26, el Gobierno cree que vulnera "todas y cada una de las competencias estatales" en los sectores de la energía, telecomunicaciones y sistemas de información en el transporte ferroviario y "vuelve a vulnerar los artículos que regulan la soberanía del pueblo español y el régimen de igualdad de todos los españoles".

Los dos artículos de la ley impugnados regulan una nueva función del servicio meteorológico en Cataluña -el artículo 69- así como el libre acceso a actividades de servicio -el artículo 95- que, además de estar fuera de las competencias autonómicas, incumpliría, según el Gobierno, el derecho comunitario.







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