El Gobierno aprobará la ley del Sector Ferroviario y Carreteras, y los decretos de seguía

Además, este viernes analizará el informe trimestral sobre la reforma de las administraciones.

El Gobierno aprobará este viernes en el Consejo de Ministros los proyectos de ley del Sector Ferroviario y de Carreteras y los reales decretos de sequía de las cuencas del Júcar y del Segura, y analizará también el informe trimestral sobre la reforma de las administraciones.


El objetivo de los reales decretos de sequía es paliar el problema de déficit hídrico que afecta a la Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia.

En el caso del Segura, recoge un catálogo de medidas a tomar para garantizar el suministro de agua a todos los usuarios de esta cuenca y llevará aparejados 30 millones de euros en infraestructuras para la Región de Murcia.


El proyecto de ley del sector ferroviario cuenta con mecanismos para garantizar la sostenibilidad del sistema y abrir el mercado a operadores privados desde un planteamiento progresivo y programado.


La ley, que actualiza la de 2003, establece un nuevo sistema que supondrá la supresión del canon anual de acceso a la red y la bonificación de la puesta en marcha de nuevos servicios ferroviarios.


Según el anteproyecto que el Consejo de Ministros analizó el pasado 17 de abril, la nueva ley de Carreteras incrementa hasta un máximo de 15.000 euros el régimen sancionador en las autopistas de peaje ante incumplimientos del concesionario y suspende cautelarmente las recalificaciones urbanísticas que afecten a la planificación viaria.


Por último, el Consejo de Ministros verá el último informe trimestral sobre la aplicación de las medidas que propuso la Comisión para la Reforma de las Administraciones (CORA).


Según las últimas cifras facilitadas por el Gobierno, la reforma de las administraciones ha supuesto un ahorro acumulado para el Estado de 18.187 millones de euros y se ha traducido en la supresión de 2.029 organismos o empresas públicas.


La CORA, creada por acuerdo del Consejo de Ministros en octubre de 2012, propuso 222 medidas concretas para hacer frente a los principales problemas del sector público español: tamaño, morosidad, duplicidades, gestión y burocracia.