El PSOE eleva a 28 años la petición de cárcel para Bárcenas y Lapuerta por la 'caja B' del PP

El PSOE ha pedido 28 años de cárcel para los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta por el manejo de una caja B cuando estaban en el cargo en la sede de Génova y también que a este partido se le considere responsable civil directo por beneficiarse de esta financiación irregular.

Estas solicitudes de pena, a las que se une la de 25 años de prisión para el exgerente del PP Cristóbal Páez, están recogidas en el escrito de acusación registrado hoy por el PSOE ante la Audiencia Nacional.

El PSOE eleva notablemente la petición de condena para Bárcenas y Lapuerta, puesto que el fiscal reclama para ellos cinco años de cárcel y exculpa al PP de delito tributario por las donaciones recibidas de empresarios.

En su escrito de acusación tras la apertura del juicio oral decretada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el pasado mes de marzo, los socialistas sí consideran al PP responsable civil directo por beneficiarse de esas donaciones.

Por ello, también solicitan la comparecencia como testigos de todos los secretarios generales del PP de los últimos 20 años, lo que engloba a la actual responsable del cargo, María Dolores de Cospedal, y a sus antecesores, Ángel Acebes, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos.

A Bárcenas, el PSOE le acusa de los delitos de asociación ilícita, falsedad contable, delito electoral, apropiación indebida, blanqueo y cuatro delitos fiscales, lo mismo que a Lapuerta. A Páez le atribuye los mismos delitos menos el de apropiación indebida.

Uno de los delitos fiscales por los que acusa a los tres se basa en los donativos irregulares que en 2008 hicieron empresarios al PP y que se ingresaron en la caja B de partido, dinero que la formación política nunca declaró a Hacienda, pero que la Fiscalía considera no tributable. Según el PSOE, este dinero se ingresó en la contabilidad paralela del PP, que estaba a cargo de Bárcenas y Lapuerta, "con el conocimiento y la connivencia" de Acebes y De Cospedal "sin cumplir con los presupuestos, requisitos y limitaciones" establecidos en la Ley de Financiación de Partidos.

En el escrito, se afirma que existe constancia de que desde 1990 hasta, al menos, 2008, el PP se aprovechó de "diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal", lo que le permitió operar con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras al margen de la contabilidad oficial.

Los socialistas hacen hincapié en que "la conformación y estructura" de la caja B se gestó "en connivencia" de los sucesivos secretarios generales del PP con el gerente y el tesorero".

También queda comprobado, según el PSOE, que los secretarios generales del PP percibían emolumentos regulares, cada trimestre o semestre, con fondos provenientes de la caja paralela, a modo de sobresueldos, para compensar la pérdida de retribuciones de los cargos orgánicos, en particular, los nombrados para el cargo de ministro.

"Esta estructura no era ajena a las responsabilidades de los secretarios generales, administradores formales del PP y perceptores de complementos que, para evitar la incompatibilidad, era necesario que percibieran sus retribuciones en dinero opaco", se arguye.

A tenor de estos argumentos, el secretario de Política Federal, Antonio Pradas, ha concluido que el PP hizo "una política de forma dopada" durante 20 años en relación con el resto de partidos gracias a la financiación irregular de la que se benefició.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Pradas ha sentenciado que los "responsables directos" de este comportamiento "vergonzoso" son su presidente, Mariano Rajoy, y los secretarios generales, "porque así lo establecen los estatutos de su partido".

"En tanto que no clarifiquen y asuman responsabilidades por parte del PP, de sus responsables directos, el PP estará inhabilitado para gobernar y adoptar especialmente medidas relacionadas con la corrupción", ha advertido el 'número tres' del PSOE.