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Tragedia en un instituto barcelonés

El menor es traladado a un hospital para hacerle un examen psicológico

El chico ha permanecido retenido por los Mossos en el centro porque no puede ser detenido.

Efe. Barcelona Actualizada 20/04/2015 a las 14:29
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Conmoción a las puertas del instituto Joan FusterAfp

Los Mossos d'Esquadra han trasladado a un centro hospitalario al estudiante de 13 años que este lunes ha matado a un profesor disparándole con una ballesta para practicarle un examen médico y evaluar su estado psiquiátrico y psicológico.

Según han informado fuentes policiales, el menor, que de acuerdo con la ley es inimputable porque no ha cumplido aún los 14 años, ha permanecido retenido por los Mossos d'Esquadra en el propio centro educativo de Barcelona, donde ha estado acompañado de sus padres.

Posteriormente, el niño, alumno de segundo de ESO del centro educativo Joan Fuster del barrio barcelonés de La Sagrera, ha sido trasladado a un hospital para someterse a un reconocimiento médico con el fin de determinar si padece algún tipo de trastorno psíquico o psicológico, además de evaluar su estado físico.

La situación psiquiátrica del adolescente será clave para determinar las consecuencias que el crimen pueda tener para él, y que en ningún caso podrán ser penales dado que, de acuerdo con la ley del menor, toda persona que no haya cumplido los 14 años no puede ser considerada responsable de sus actos.

La investigación del crimen la dirige el juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, que es el que estaba de guardia esta mañana y el que ha procedido a ordenar el levantamiento del cadáver, por lo que encargará las diligencias necesarias para determinar la autoría y las circunstancias del suceso.

Dada su situación de inimputable, la Fiscalía de Menores, que actúa en el caso de jóvenes de entre 14 y 18 años, deberá remitir el caso a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), para que intervenga sobre el estudiante adoptando las medidas de protección que considere oportunas.

Como en el resto de casos de menores desamparados o en situación de riesgo tutelados por la DGAIA, la intervención del fiscal se limitará a redactar un expediente de protección sobre las medidas más convenientes a adoptar sobre él.
Será la DGAIA la que se encargue de evaluar la situación personal y familiar del menor y determinar las medidas que sean más adecuadas para su evolución, han informado fuentes jurídicas.

Esas medidas podrían incluir su internamiento en un centro psiquiátrico, de demostrarse que su actuación criminal ha sido motivada por un trastorno mental, una decisión que podrían adoptar los propios padres del niño sin necesidad de que lo acuerde la administración.

En cualquier caso, de acuerdo con la ley, el menor no podrá ser interrogado dada su condición de inimputable, aunque el juez instructor podría acordar su exploración.

Si, tras practicar las diligencias oportunas, el juez determinara que no hay otras personas responsables de los hechos aparte del menor, tendría que archivar el caso por autor inimputable, han añadido las mismas fuentes.







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