Dos días de registros

El juez Serrano-Arnal, conocido por ser el magistrado de la Operación Puerto, será el encargado de investigar al exvicepresidente.

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato está ya en su domicilio después de haber presenciado el registro que los agentes de Aduanas han realizado a su despacho en Madrid, que ya ha finalizado.


El exministro de Economía entraba en el portal de su vivienda en el barrio de Salamanca de Madrid pocos minutos antes de las 14.00 en medio de un nutrido grupo de periodistas, a los que no ha hecho declaraciones.


Fuentes cercanas a la investigación han señalado que el registro ha finalizado ya y que finalmente no proseguirá en la finca El Molino, propiedad del exbanquero, situada en la localidad madrileña de Carabaña.


Rato había sido conducido  a su oficina, en la que varios de los agentes permanecieron vigilando toda la noche hasta que decidieron retomar la inspección para concluir el volcado de material informático de sus ordenadores.


Allí, ha sido recibido al grito de "hijo de puta", "ladrón" y "chorizo" por parte de las numerosas personas que aguardaban la llegada del expresidente de Bankia, que le han proferido los mismos gritos cuando ha salido del semisótano de la calle Castelló en el que se ubica su despacho.El juez de la operación Puerto


Por otra parte, se ha conocido que el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, conocido por ser el magistrado de la Operación Puerto, será el encargado de investigar al exvicepresidente del gobierno Rodrigo Rato por delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.


Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el decanato de Plaza de Castilla ha asignado por reparto a este magistrado la investigación del caso, después de que su compañero del número 35, en funciones de guardia, ordenara los registros urgentes que reclamaba el Ministerio Fiscal.


Serrano-Arnal es conocido por haber llevado la Operación Puerto, contra el dopaje en el deporte, desarrollada por la Guardia Civil en 2006 y por haber condenado al exmagistrado del Tribunal Constitucional Enrique López al pago de una multa de 1.440 euros y a la retirada del carné durante 8 meses tras haber dado positivo en un control de alcoholemia.


El titular del Juzgado de Instrucción número 31 entró en la carrera judicial en 1987 y desde 1989 ocupa esta plaza, aunque el Consejo General del Poder Judicial le suspendió en junio de 2003 por tres meses de sus funciones, como autor de una falta muy grave de desatención en el ejercicio de sus competencias.