Chaves: "Nunca he tomado una decisión política ilegal"

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha asegurado ante el Tribunal Supremo que nunca conoció ni hubiera permitido ninguna irregularidad en el asunto de los ERE y ha subrayado que "en ningún momento" de su trayectoria pública ha tomado una decisión política "basada en la ilegalidad".

En la declaración que ha prestado ante el magistrado instructor en el alto tribunal del caso de los ERE, Chaves ha expresado su convicción de que "el presupuesto, las transferencias y las modificaciones" en las ayudas sociolaborales "eran legales, pero no podía conocer nada de la ejecución del presupuesto".

En su comparecencia judicial, que ha durado unas dos horas y media, el expresidente de la Junta de Andalucía ha negado haber conocido o impulsado cualquier ilegalidad durante sus 19 años de gobierno autonómico y ha atribuido cualquier eventual fraude a "actuaciones individuales".

Sobre las transferencias al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) de 2000 a 2001 sobre ayudas sociolaborales, Chaves ha asegurado que no conocía nada de esto hasta que, con posterioridad, tuvo que preparar su declaración en la comisión de investigación del Parlamento de andalucía.

"Los convenios no pasaban por el Consejo de Gobierno de la Junta" y, por lo tanto, ni los "conoció ni podía conocer el procedimiento", ha dicho Chaves, quien ha explicado que en su Ejecutivo no discutía "partidas, sino capítulos y las necesidades de cada una de las Consejerías".

Según el expresidente andaluz, los presupuestos en el Consejo se aprobaban "con la convicción" de que cumplían "todos los requisitos legales y todas las normas".

Al mismo tiempo, ha subrayado que todos los acuerdos de concertación sobre las ayudas fueron debatidos y aprobados por el Parlamento regional, y que era "muy difícil pensar que en 10 años centenares de diputados no hayan visto absolutamente nada ilegal sobre estas transferencias".

Chaves ha asegurado que no conocía el procedimiento habitual para la concesión de una ayuda y que tenía unos 200 directores generales en la Junta, "por lo que partía de que el procedimiento a partir del cual se concedían las ayudas era completamente legal".

En este sentido, ha añadido que sabía sólo "los criterios generales" para la concesión de ayudas a las empresas que estaban en crisis o en procesos de reconversión para los trabajadores despedidos o prejubilados, y que además de no conocer "ninguna irregularidad en el sistema", él "no lo hubiera permitido".

"Nunca he tenido constancia de ninguna ilegalidad, ni siquiera de ninguna irregularidad", ha afirmado el que fuera presidente andaluz de 1990 a 2009, ministro de Trabajo previamente (1986-1990) y vicepresidente del Gobierno y ministro de Administraciones Públicas (2009-2011).

A lo largo de su comparecencia judicial, Chaves ha asegurado que los conflictos laborales que políticamente le preocupaban eran los de las grandes empresas, y que desconocía el importe de las ayudas que recibían otras, además de saber nada sobre comisiones a corredurías de seguros ni a sindicatos, ya que su relación era con sus secretarios generales.

En cualquier caso, ha añadido, no le parece "correcto que los sindicatos cobren comisiones por estos trámites", pero que desconoce que hubiera sido así.

También ha afirmado que ni el consejero de Trabajo ni el de Economía en ningún momento le informaron de que hubiera ilegalidad alguna en el procedimiento de ejecución de las ayudas. Y que lo que hacían los distintos directores generales no lo conocía a menos que le informara el correspondiente consejero.

En sus últimas palabras ante el instructor, ha asegurado que a lo largo de su larga trayectoria "ninguna decisión política que haya podido adoptar ha estado basada en la ilegalidad".