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​Ministerio de Justicia

La travesía del desierto de la reforma del Registro Civil

El Congreso aprobó una reforma en 2011 que nunca entró completamente en vigor y que el Gobierno actual cambió sensiblemente sin apoyo de otros partidos.

M. Tragacete. Zaragoza Actualizada 20/03/2015 a las 10:19
5 Comentarios
El actual ministro de Justicia, Rafael CataláEfe

La reforma del Registro Civil viene de largo. En julio de 2011 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 20/2011, del Registro Civil. El texto normativo fue promovido por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. En el Congreso de los Diputados, tras el debate parlamentario correspondiente, fue aprobado por unanimidad.

Precisamente fueron los diputados quienes determinaron que la ley no entrara en vigor en 2011, sino tres años después, en julio de 2014. Esta norma ya contemplaba la desjudicialización del Registro (“La modernización del Registro Civil hace pertinente que su llevanza sea asumida por funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado, cuyo cometido constitucional es juzgar y ejecutar lo juzgado”, dice el preámbulo de la ley), pero nada se decía de que los registradores se harían cargo del servicio.

Este gremio se posicionó como favorito para asumir los registros a finales de junio de 2014, cuando a punto de entrar en vigor la ley del Gobierno Zapatero, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, decidió que serían los registradores quienes asumirían las oficinas del Registro Civil de toda España.

Esto implicaba la reforma de ley aprobada por el Congreso en 2011 y, por tanto, otro retraso de su entrada en vigor, hasta el 15 de julio de 2015. Al mismo tiempo que realizó el anuncio, ante el pleno del Senado el 24 de junio, el ministro de Justicia defendió su decisión por el carácter de “funcionarios públicos” de los registradores, resaltó que los servicios del Registro seguirían siendo gratuitos para los ciudadanos y garantizó que no se perdería ni un solo puesto de trabajo de los actuales trabajadores de los registros.

Diez días después de la declaración de intenciones de Gallardón, el Consejo de Ministros daba luz verde a la entrega del servicio a los registradores de la propiedad. Lo hizo, además, de la peor forma posible desde el punto de vista legislativo: a través de un Decreto-ley que modificaba 25 leyes, además de la Ley 20/2011, e introducía cerca de medio centenar de medidas.

La molestia de los grupos parlamentarios fue mayúscula. Acusaron al Gobierno de “secuestro” del Parlamento, uso “caciquil” de la mayoría absoluta e incluso de “muerte de la democracia”. Todo ello porque la fórmula del Decreto-ley, según la Constitución, no prevé enmendar el texto, sino solo su debate y votación de totalidad. Además, este mecanismo legislativo solo debe usarse “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”, a tenor de lo dispuesto por el texto constitucional, aunque los diferentes Gobiernos han desnaturalizado la forma abusando de ella para otros casuísticas ajenas a las previstas en la Constitución.

Hoy por hoy, la ley está en plazo de enmiendas en el Congreso. Los grupos pueden presentar sus modificaciones al anteproyecto elaborado por el Gobierno desde el pasado septiembre y hasta, en principio, el 24 de marzo. Fuentes conocedoras del trámite parlamentario afirman que la ley podría estar lista en un mes.
 

“Privatización del Registro”

Parte de la oposición y sindicatos, entre otros organismos, han censurado que el Gobierno central pretende con esta reforma una “privatización” del Registro Civil. “Resulta intolerable que se negocie la mercantilización del Registro civil con los registradores sin tener en cuenta los derechos y el futuro de los funcionarios de Justicia afectados”, expresaba en un comunicado el sindicato CSI-F a primeros de marzo.

Los detractores de la medida también apuntan que el Gobierno deja en manos de un colectivo ajeno a la jerarquía funcionarial miles de datos sensibles de todos los ciudadanos. También han acusado al Gobierno de favorecer al gremio de los registradores, un colectivo al que pertenece el presidente Mariano Rajoy y algunos miembros de su familia.

Las movilizaciones contra la reforma se han sucedido desde el pasado verano y en las últimas semanas se han intensificado. CSI-F sostiene que 3.000 puestos de trabajo de los registros de toda España corren peligro, alrededor de un centenar en Aragón

Lo cierto es que la confusión y la falta de información reinan en todo lo que concierne a la reforma del Registro a falta de cuatro meses para la fecha oficial de cambio de estatus, con los consecuentes problemas para miles de ciudadanos de todo el país.


  • peñanegra20/03/15 23:14
    Desde luego, ¿A NADIE SE LE OCURRE QUE RAJOY ES REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD?
  • elena20/03/15 22:04
    HAY UNA GRAN DESINFORMACION DE EL ESPOLIO POR PARTE DEL GOBIERNO. ES UNA APROPIACION DE ALGO PUBLICO Y POR TANTO DE TODOS LOS CIUDADANOS; Y ADJUDICADO PARA SU EXPLOTACION PARTICULAR DE LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD. CREO QUE ES URGENTE UNA REFORMA DE LEY Y REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL. EVITAR TIEMPOS, AGILIZAR PROCEDIMIENTOS CON COSTES INNECESARIOS PARA TODOS; Y SI HA DE TENERALGUNA FORMA DE PAGO; DEBERIA DE SER PARA EL ESTADO Y NUNCA PARA INTERESES PARTICULARES SIN GARANTIAS LEGALES; NI PROTECCION NINGUNA DE DATOS PERSALES DE TODOS NOSOTROS. EN FIN DIRIA TANTAS COSAS!!!! 
  • elena20/03/15 22:03
    HAY UNA GRAN DESINFORMACION DE EL ESPOLIO POR PARTE DEL GOBIERNO. ES UNA APROPIACION DE ALGO PUBLICO Y POR TANTO DE TODOS LOS CIUDADANOS; Y ADJUDICADO PARA SU EXPLOTACION PARTICULAR DE LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD. CREO QUE ES URGENTE UNA REFORMA DE LEY Y REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL. EVITAR TIEMPOS, AGILIZAR PROCEDIMIENTOS CON COSTES INNECESARIOS PARA TODOS; Y SI HA DE TENERALGUNA FORMA DE PAGO; DEBERIA DE SER PARA EL ESTADO Y NUNCA PARA INTERESES PARTICULARES SIN GARANTIAS LEGALES; NI PROTECCION NINGUNA DE DATOS PERSALES DE TODOS NOSOTROS. EN FIN DIRIA TANTAS COSAS!!!! 
  • Cristina20/03/15 09:15
    Lo que es una vergüenza, es que para celebrar una boda civil te tarden 6 meses en dar el ok desde el Registro Civil. A mi me da igual, si los trabajadores son funcionarios, son contratados o lo que sean. Yo lo que quiero es que sean eficientes y me tramiten los papeles a tiempo. La burocracia de este país hace que seamos los mas retardados de Europa. 
  • Ramon20/03/15 08:52
    Ya no saben que más darle a los empresarios. En concreto a los Registradores, que sabemos que son concesiones y que un titular de la plaza puede arrendar a otro para hacer otra cosa. Ejemplo: Rajoy, que es registrador y cobra por su plaza, además de por presidente y demás. Y es compatible, además. Y ya puestos, porque no hay libertar de acudir a uno u otro, al registrador que mejor precio me haga...o al que haga lo que yo quiera, o como quiera; como los Notarios....Esto es un atraco, y lo duro es que a los ciudadanos les importa eso poco, y cuando lleguen las elecciones seguiran votando a los mismos....empiezo a pensar que nos merecemos los politicos que tenemos, porque tienen los ciudanos que se merecen....





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