La desjudicialización del Registro Civil en España está trayendo muchos quebraderos de cabeza al Gobierno de Mariano Rajoy desde que el pasado mes de junio decidiera atribuirle la gestión a los registradores. Una cosa es segura: a partir del 15 de julio este colectivo dará el relevo a jueces y funcionarios, aunque hoy, a falta de cuatro meses, ningún operador jurídico distinto al Ministerio de Justicia sabe con certeza qué pasará.

"Todo el proceso se ha llevado con una opacidad absoluta", indica Victoria Carrero, responsable federal de la Administración de Justicia del sindicato UGT. "Nadie sabe qué pasará, solo los registradores tienen un poco más de información, pero nada en concreto”, añade.

Desde septiembre de 2014, el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros se encuentra en el Congreso de los Diputados, recibiendo las enmiendas de los grupos parlamentarios. Este proceso se alargará hasta el 24 de marzo y fuentes conocedoras de la tramitación señalan que podría estar listo en un mes.

La responsable de UGT afirma incluso que hay registradores que están en contra de la asunción del Registro. “Ellos cobran por arancel y el Gobierno les traspasa estos trámites de forma gratuita, al menos eso ha dicho siempre el ministro, y además les obliga a instalar un software muy caro para gestionar los datos. Es lógico que no quieran asumir esos costes”, apunta la responsable sindical.

Cuando se conocieron las intenciones del Gobierno, el Colegio de Registradores manifestó su oposición. Pasados unos meses, y tras haberse reunido con el Ministerio de Justicia, han relajado su posición. “Como funcionarios públicos que somos cumpliremos los mandatos que emanen del Parlamento, del Gobierno y del Ministerio”, se podía leer en el último número de la revista 'Registradores' que edita el Colegio.

En la misma edición se recoge una entrevista con Rafael Catalá, actual ministro de Justicia, quien afirma que espera encontrar en los registradores “total colaboración” para llevar a cabo la reforma y reitera la puesta en marcha en julio. “No se va a tener que volver a prorrogar la ley”, sentencia Catalá.

En Aragón hay en la actualidad 34 registradores: 13 en Zaragoza capital (11 de la propiedad y 2 mercantiles) y seis en el resto de la provincia zaragozana, nueve en la provincia de Huesca y seis en la de Teruel. Tanto en Huesca como en Teruel, hay profesionales que también desempeñan su labor en el área mercantil. Muchas aristas que contemplar

En el Registro Civil de Zaragoza, donde hoy trabajan una treintena de funcionarios, observan con recelo todo lo que está aconteciendo en los últimos meses. “No tememos por nuestros puestos de trabajo porque nos han asegurado la recolocación pero defendemos un servicio público de calidad”, explica una trabajadora que apunta a la privatización del Registro. “No era necesario privatizarlo, solo una mayor inversión para mejorarlo, pero lo que están haciendo es asfixiarnos. Estamos en unas condiciones de precariedad”, agrega.

Respecto al cambio de gestión, esta trabajadora indica que antes de que se produzca quedan muchos flecos por cerrar. Por ejemplo, qué se hará para proteger la información de los registros. “Hay datos muy sensibles de la vida de millones de ciudadanos que quedarán en manos de trabajadores que no estarán sujetos al Estatuto Básico del Empleado Público y eso es peligroso”, apuntan.

También habrá problema con las sedes físicas. ¿Desde dónde trabajarán los registradores? La mayoría trabajan en inmuebles que necesitarán una adecuación para atender al considerable número de personas que actualmente pasa por las oficinas de la calle Alfonso, sostiene la funcionaria.

Otra de las cuestiones que más preocupa: ¿habrá que pagar por inscribir datos? El Gobierno es taxativo: no. No obstante, hay quien ha manifestado sus dudas y los registradores parecen a favor de cobrar por determinados trámites.

Además, se tendrá que formar a los trabajadores al servicio de los registradores y dotarles del material adecuado para desempeñar su trabajo. Todo antes del 15 de julio.

“¿Tendré que casarme dos veces?”

Desde el departamento de Justicia y Presidencia del Gobierno de Aragón explican que los registros aragoneses están funcionando con normalidad y dando cita para realizar trámites más allá del 15 de julio. “El servicio cambia de gestión pero no se puede parar. El objetivo es que los ciudadanos noten el cambio lo menos posible”, apuntan.

Las mismas fuentes agregan que a finales del mes de marzo los responsables de las consejerías de Justicia autonómicas se reunirán en una conferencia sectorial con el ministerio para tratar la aplicación de la reforma del Registro Civil, entre otros temas.

Entre tantas dudas, la confusión es máxima ya no solo entre los operadores jurídicos, también en la población. En los foros de internet de páginas especializadas en bodas muchos internautas dejan ver su preocupación porque hay registros de otras CC.AA. que han decidido no dar citas previas más allá del 15 de julio, ante el caos reinante.

“¡Ayuda por favor! ¿Alguien sabe algo de que privatizan los registros en verano?”, pregunta una usuaria. “¿Tendré que casarme dos veces? ¿Una en el juzgado y otra ficticia? Porque ya tengo fecha para el banquete...”, sostiene otra. “Al final lo van a cambiar para que lo hagas como lo hagas tengas que pagar...”, dice una tercera.