La fuga del etarra Plazaola desata una polémica por la orden de detención del TS

La huida del etarra Alberto Plazaola, que iba a ser detenido este martes tras anular el Tribunal Supremo su excarcelación hace casi cien días, ha desatado la polémica en torno a las circunstancias de su fuga, que han anunciado investigarán tanto el alto tribunal como la Fiscalía General del Estado.

Unos hechos sobre los que el Ministerio del Interior también ha ofrecido su relato en un comunicado en el que explica por qué las fuerzas de seguridad no lograron detener a Plazaola después de que así lo ordenara el Supremo al revocar su puesta en libertad adoptada por la Audiencia Nacional en diciembre en virtud a una normativa europea que prevé acumular las penas cumplidas en países de la UE.

Según Interior, la Policía y la Guardia Civil recibieron la orden de detener a Plazaola a las 17.22 de este martes, más de cuatro horas después de que se comenzara a divulgar por los medios de comunicación, a las 12.56, el auto del alto tribunal.

Durante ese tiempo, deja claro Interior, "no existe posibilidad jurídica" de detenerle. Y es a las 20.44 cuando las fuerzas de seguridad recibieron el auto judicial que autorizaba la entrada y registro del domicilio, en la localidad guipuzcoana de Oñate.

Interior detalla que para entrar en su vivienda es necesaria la presencia de la secretaria judicial de Bergara, que no llegó hasta las 23.05, momento en el que agentes de la Policía y la Guardia Civil entraron y registraron el inmueble hasta las doce de la noche con resultado negativo.

El relato aportado por el departamento de Jorge Fernández Díaz insiste en que la Policía y la Guardia Civil actúan "en todo momento dentro de la legalidad vigente, que impide llevar a cabo una detención o un registro domiciliario sin la preceptiva autorización judicial".

Apenas unas horas antes de estas explicaciones, Fernández Díaz había defendido este relato en Bruselas, donde ha subrayado que no se podía vigilar preventivamente al etarra sin incurrir en ilegalidades, pues desde su salida de la prisión coruñesa de Teixeiro el 4 de diciembre estaba en libertad "sin condiciones".

Fernández Díaz ha evitado comentar si pasó demasiado tiempo o no desde que se supo la noticia hasta que se ordenó su arresto.

En este asunto ha entrado este jueves el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que ha anunciado que investigará las circunstancias en las que se difundió por parte del alto tribunal la noticia sobre la decisión de anular la excarcelación de Plazaola.

Lesmes ha precisado que pedirá la apertura de esa investigación sobre la "filtración" de la información, tras lo cual ha avanzado que se pedirán responsabilidades si se descubre al autor de la misma.

Hasta que no concluya esa investigación es necesario esperar, según ha afirmado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien se ha mostrado convencido de que las fuerzas de seguridad harán "todo lo posible" para localizar y detener al huido.

A la investigación anunciada por el Supremo, la Fiscalía también ha sumado la suya propia y ha dicho, en palabras de la fiscal general, Consuelo Madrigal, que intentará aclarar las filtraciones, "si es que las ha habido".

Preguntada sobre si se podía haber tomado alguna medida cautelar para evitar la fuga dado el tiempo transcurrido, Madrigal ha opinado que "no, aunque era previsible la resolución del Tribunal Supremo", y ha añadido que las medidas previas estaban "tomadas" y el seguimiento policial "estaba realizado".

Mientras, el PSOE no ha dudado del trabajo de las fuerzas de seguridad y han confiado en la actuación del Ejecutivo en este asunto.

Con más críticas han respondido las asociaciones de víctimas a la huida de Plazaola. "Una vez más la incompetencia de nuestras instituciones acaba beneficiando a un terrorista", ha denunciado la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, que estudia emprender acciones legales.

Seis años le faltan por cumplir en prisión a Plazaola, que cumplía una condena de 36 años por dos delitos de asesinato frustrado en relación con la colocación de una bomba en un bar de Eskoriatza (Guipuzcoa) en 1987 y otros 10 años por un delito de estragos.

En Francia fue sentenciado a una pena de siete años en 1994 que cumplió, y que fue la que se acumuló a las condenas españolas, por lo que su fecha de licenciamiento se fijó con efectos desde el 24 de agosto de 2013.