Las personas físicas dejarán de pagar el lunes las tasas judiciales tras la rectificación del Gobierno

Entra en vigor el real decreto ley que suprime las cuantías, pero no para pymes ni autónomos.

Las personas físicas dejarán de pagar las tasas judiciales a partir del lunes tras la inmediata entrada en vigor del real decreto ley que suprime las cuantías para las personas físicas en todos los ordenes e instancias.


Fuentes del Ministerio de Justicia han informado de que la norma por la cual se modifica el sistema de tasas judiciales será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el sábado o el domingo.

Por lo tanto, a partir del lunes las personas físicas ya no tendrán que pagar ninguna tasa judicial.


No sucede lo mismo con las pymes ni con los trabajadores autónomos que seguirán asumiendo las cuantías siempre que superen los 2.000 euros, por debajo de esta cantidad estarán exentos como hasta ahora.


En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que el Gobierno se ha inclinado por incluir esta medida en un decreto ley en lugar de optar por una norma de mayor rango para "no dilatar así su entrada en vigor".


Desde el 1 de enero de 2013 hasta el 5 de noviembre de 2014, el Ejecutivo ha recaudado 125,9 millones de euros con las tasas judiciales de las personas físicas: 65,1 en el primer año y 60,8 en el segundo, según datos facilitados por el Ministerio de Justicia.


Esta cifra está incluida en la suma global que para el mismo período de tiempo alcanza los 564,4 millones de euros entre personas físicas y jurídicas, las cuales son las que acumulan la mayor recaudación.

No obstante, Catalá no ha precisado el destino de esa cantidad, después de que en una respuesta parlamentaria de su ministerio se señalara que se desconocía, cuando el Gobierno se había comprometido en multitud de ocasiones a dedicarlas a la financiación de la Justicia Gratuita.


"Claro que sabemos adónde van las tasas porque las recauda la Agencia Tributaria. Se destinan a la caja común, a la financiación de los servicios públicos", ha señalado Catalá sin dar mas detalles, aunque ha rechazado que el fin último de las tasas sea recaudatorio.


Tanto los operadores jurídicos como la oposición parlamentaria sostienen que la recaudación de las cuantías debe ser transferida a la financiación de la Justicia Gratuita, tras la incorporación de nuevos beneficiarios a esta norma, y que en caso de no ser así quedaría probado el fin recaudatorio de las tasas.