El Tribunal de Cuentas del Estado reclama cerca de 440.000 euros al actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, al alcalde de Vitoria, Javier Maroto, y a otros cinco exediles populares por un contrato de alquiler de unas oficinas de la capital alavesa que costó 6 millones de euros.

En el documento interno del órgano fiscalizador se advierte de una posible irregularidad contable ya que el precio del alquiler acordado en febrero de 2007 entre Alonso y el propietario, Gonzalo Antón, fue muy superior al que pagó el empresario alavés un año antes (2,7 millones) e incluía una cláusula penal en caso de rescisión que suponía también "un menoscabo de los caudales públicos".

El Tribunal de Cuentas del Estado ha citado al actual ministro de Sanidad el próximo 5 de marzo y a todos los que eran concejales en su gobierno municipal de entonces para que presenten alegaciones al caso que se investiga.

Fuentes del PP consultadas han avanzado que Alonso no acudirá a la citación ni tampoco ninguno de los ediles que formaban parte de su equipo ya que lo hará un abogado en su nombre.

El Ayuntamiento de la capital alavesa remitió el contrato al Tribunal de Cuentas del Estado atendiendo el mandato de la comisión de investigación que se creó en el consistorio para investigar si pudo haber irregularidades en el millonario contrato de alquiler, que tenía una vigencia de 20 años.

Además del equipo de Alfonso Alonso al completo, también han sido citados por el Tribunal de Cuentas del Estado los concejales de Hacienda de los sucesivos gobiernos municipales, Marian Gutiérrez (PSE) y Manuel Uriarte (PP), actual responsable del área.

También ha sido llamado a declarar el Ayuntamiento actual como institución, que será representado por los servicios jurídicos del consistorio.

La exconcejal de Hacienda socialista Marian Gutiérrez sí que acudirá en persona a la citación del Tribunal de Cuentas, ya que para el grupo del PSE en el Ayuntamiento de Vitoria supone "una oportunidad de poder resarcir a la ciudad de un contrato que perjudica gravemente las arcas públicas" (6 millones de euros).

A la vista de estos nuevos datos, el grupo de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria ha pedido hoy a la Fiscalía alavesa que abra diligencias sobre el alquiler de las oficinas municipales de San Antonio.