Las universidades deben reforzar su control interno, según el Tribunal de Cuentas

Tirón de orejas del Tribunal de Cuentas (TCU) a las universidades públicas. El órgano fiscalizador ha publicado recientemente el informe de fiscalización de las universidades públicas a instancias de las Cortes Generales. El objetivo era analizar la organización administrativa y docente y los miembros del TCU lo han hecho a lo largo de mil folios en los que hay bastantes críticas generalizadas a las instituciones académicas, aunque ya hay algunas que han cuestionado el informe indicando que cumple con toda la normativa.

Hasta hace unos días había que remontarse hasta el año 2003 para encontrar un informe de fiscalización de la universidad pública española. En el documento publicado recientemente se analiza el ejercicio 2012. Se estudian al milímetro los ingresos y gastos de las 51 universidades públicas españolas de enseñanza presencial y a distancia. También el personal que empleaban en el año de referencia (y que ascendía a 158.214 personal teniendo en cuenta personal docente e investigador y de administración y servicios) o el número de entes (en su mayor parte sociedades o fundaciones) que han creado los centros docentes.

Precisamente son estos entes uno de los puntos más criticados por el Tribunal de Cuentas, que indica que en 2012 las universidades públicas tenían “al menos 574 entidades dependientes”. El órgano fiscalizador critica que las instituciones “no tienen un inventario actualizado de los entes en los que participan con la documentación acreditativa adecuada de las aportaciones económicas o de los representantes de la universidad en los órganos de gobierno de dichos entes”.

El TCU va más allá diciendo que la creación de estas entidades “no siempre ha respondido a nuevas necesidades que deban atenderse o a la racionalización de la gestión, sino que responden, en ocasiones, a la deliberada huida de los controles internos o del control presupuestario y de gestión y a la búsqueda de un campo de actuación menos reglado”.

Además en el informe se recogen “determinadas deficiencias en relación con aspectos contables y presupuestarios”, como los relativos al remanente de tesorería, y se constata “la falta de implantación de un sistema de contabilidad de costes”, que será obligatorio a partir del próximo curso.

El Tribunal de Cuentas destaca la necesidad de reforzar el control interno de las universidades. Señala que tan solo ocho universidades públicas no contaban en 2012 con unidades operativas de control interno aunque añade que algunas que sí las tenían no destinaban los recursos humanos suficientes “y la cualificación de los mismos no siempre era la apropiada para el desarrollo de sus funciones”.

El informe llega en un momento muy delicado para la universidad, en plena polémica con el Gobierno con la implantación del decreto de flexibilización de grados universitarios, el conocido como decreto 3+2.

Universidades como la de Salamanca, León o Valladolid han salido al paso de las acusaciones del informe diciendo que las actuaciones de los centros se ajustan a la normativa. También ha criticado el informe el responsable de Universidad de FETE-UGT, Ramón Sans, quien fuera rector de la Universidad Politécnica de Cataluña.