La Policía Nacional está llevando a cabo en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería una nueva operación por el supuesto fraude en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación, en la que este martes se han producido 15 detenciones, una cifra que podría elevarse hasta las 90.

Fuentes de la investigación han informado de que la operación 'Edu Costa', continuación de la Edu, está siendo desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional y se puede prolongar varios días con arrestos y registros.

Entre las personas imputadas, que ya han declarado ante la Policía, se encuentran la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez y el concejal del PSOE de Roquetas de Mar (Almería) Juan Fernando Ortega Paniagua.

Sánchez, que ya fue condenada a dos años de cárcel por desviar fondos del Plan E para el pago de gastos corrientes municipales, ha dicho que ha declarado durante ocho minutos en relación a supuestas irregularidades en unos cursos de formación que solicitó Mercajerez, una sociedad mixta que ella presidía como alcaldesa, aunque las gestión correspondía al vicepresidente y al gerente.

Juan Fernando Ortega, que según el PSOE renunciará a su acta de concejal y a la militancia, ha confirmado su imputación, así como la de su exmujer y su hija, y ha asegurado que su empresa ha impartido los cursos adjudicados mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, "los alumnos han asistido, los profesores han hecho su trabajo, no soy consciente de haber cometido ninguna irregularidad".

En Málaga, la investigación afecta a diez empresas y los arrestos que se están practicado están relacionados con una convocatoria de ayudas de noviembre de 2010.

Entre los detenidos de Málaga hay alumnos, profesores y empresarios, y las fuentes han destacado que son arrestos policiales no por orden judicial.

En la provincia de Cádiz la Policía ha interrogado a numerosos testigos, muchos de ellos alumnos y profesores, y está investigando la empresa Codenet, que obtuvo ayudas para unos cursos que impartió en 2010 y que hoy ha negado "categóricamente" haber cometido "irregularidad alguna".

La primera fase de la operación Edu saltó en abril de 2014 tras hacerse pública una investigación de la UDEF iniciada después de una denuncia de la Seguridad Social.

Esta unidad, tras investigar el caso, ratificó las supuestas irregularidades que se detectaron, entre ellas falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se le concedió los fondos y también un supuesto incumplimiento en la contratación del sesenta por ciento de alumnos o posibles irregularidades en los partes de asistencia.

En abril pasado, la Fiscalía Superior de Andalucía repartió entre diferentes juzgados andaluces las diligencias abiertas por el uso de las ayudas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con los presuntos delitos de falsedad, malversación de fondos públicos y fraude en subvenciones.

En el ámbito político, ya se han producido las primeras reacciones a esta nueva operación, y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha dicho en declaraciones a los periodistas: "A quien haya defraudado a la administración pública, que lo crujan" y, además, "cuanto antes".

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha señalado que la nueva fase de la operación Edu se centra en empresarios y no en la Junta de Andalucía, cuya colaboración con la Justicia ha reiterado.

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha indicado que espera que "los procedimientos electorales no distorsionen la marcha de los procedimientos judiciales" y ha pedido la "colaboración plena" de la Junta.

El portavoz de IU en el Congreso, José Luis Centella, ha criticado que la convocatoria de elecciones anticipadas en Andalucía haya impedido que el Parlamento autonómico haya abierto una investigación sobre las irregularidades en las subvenciones para los cursos de formación, algo que la operación puesta en marcha este martes demuestra que hubiera sido necesario.