El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha garantizado este miércoles en el pleno del Congreso que la intervención de las comunicaciones para investigar delitos de especial gravedad sin autorización judicial, criticada por la Fiscalía y el CGPJ, contará con "todas las garantías judiciales a posteriori".

Catalá ha respondido así a una pregunta de la diputada socialista Soraya Rodríguez sobre si el Gobierno retirará el artículo de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que amplía las escuchas telefónicas sin autorización judicial después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya dictaminado que tienen difícil encaje en la Constitución.

Al respecto, el titular de Justicia ha dicho que estudiará todos los informes de los órganos consultivos del Estado como el del CGPJ que en general, ha explicado, "es favorable y positivo aunque hace dos o tres salvedades" que tienen "importancia" pero no la suficiente para "descalificar" la reforma.

En su informe, el órgano de gobierno de los jueces considera que las escuchas telefónicas sin autorización judicial previa tienen difícil encaje en la Constitución, al igual que el Consejo Fiscal que cree inconstitucional esta medida recogida en el anteproyecto de ley de reforma de la Lecrim.

Sin embargo, Catalá ha destacado "la proporcionalidad y singularidad" de esta medida que se aplicará siempre "con garantías judiciales".

Ha señalado que la medida amplía los delitos en los que se podrán intervenir comunicaciones al recoger, entre otros, la trata de seres humanos y la pederastia, ya que la ley actual solo lo permite para los casos de terrorismo y bandas armadas.

Con todo, ha recordado que esta iniciativa "no deja de ser una propuesta" y por lo tanto se estudiarán todos los informes para que se apruebe con "el mayor grado consenso posible". "Ya tendremos tiempo sobrado de debatir la calidad técnica de la ley y sus contenidos", ha añadido.

Por su parte, Soraya Rodríguez ha exigido la retirada de la medida al tacharla de inconstitucional y formar parte del paquete de medidas impulsadas desde el Gobierno para convertir el país en un "estado policial".

Rodríguez ha asegurado que jueces, fiscales, juristas profesionales de la abogacía "le han dicho no porque su reforma es claramente inconstitucional".

"Lo que pretende es que el ministro de Interior de turno sea el que decida en qué delitos, en qué circunstancias y bajo qué razones se puedan intervenir las comunicaciones telefónicas a un ciudadano en este país", ha denunciado la diputada socialista.