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Juicio por el robo del Códice Calixtino

El juicio del robo del Códice arranca con la petición de "nulidad del proceso" de la defensa, a la que se opone Fiscalía

El fiscal cree que se han "respetado los derechos" y la acusación rechaza mezclar el proceso con "cuestiones de carácter personal".

Europa Press. Santiago de Compostela Actualizada 19/01/2015 a las 16:44
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Macroproceso por el Códice Calixtino

El juicio por el robo del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago de Compostela en julio de 2011 ha comenzado este lunes con el debate de las cuestiones previas, en las que la defensa ha pedido la "nulidad de todo el proceso" por "vulneración de derechos", algo a lo que se han opuesto la Fiscalía y la acusación particular.

José Manuel Fernández Castiñeiras, ladrón confeso, su mujer y su hijo, los tres acusados por el robo, han llegado a los juzgados de Santiago a las 9.15. Los acusados, sin hacer declaraciones, han permanecido cabizbajos durante toda la sesión.

La primera en intervenir ha sido su abogada, Carmen Ventoso, que ha afirmado que su cliente ha sido víctima de un "guantánamo procesal" y no ha contado con "un juez instructor imparcial", por lo que la "nulidad" de las diferentes pruebas lo "infecta todo".

A juicio de Carmen Ventoso, "todo es nulo de pleno derecho", desde los registros a la confesión del acusado, dado que la instrucción ha sido un "manual de cómo contravenir el derecho" y de cómo "vulnerar de forma palmaria los derechos recogidos en la Constitución".

Grabación en la vivienda

Entre otras cuestiones, ha criticado que en el mes de junio, un mes antes de la detención de Castiñeiras, "personas desconocidas" entraron en su domicilio de O Milladoiro "forzando la entrada" y colocaron en su interior "dispositivos de grabación".

"Vigilaron y entraron, forzaron la cerradura y caminaron por el interior del domicilio. Unas personas que desconocemos tocaron lo que quisieron y no tendremos la certeza de que manipulasen los papeles o se llevasen alguna cosa. El escenario ya está contaminado", ha criticado la letrada. La abogada ha calificado esta acción de "entrada y registro encubierto" del que "no existe precedente en España, ni siquiera para los casos de terrorismo".

Por otra parte, Ventoso también ha reclamado la nulidad de la detención de Castiñeiras, su mujer y su hijo y los registros de sus domicilios y propiedades, que fueron "nulos de pleno derecho". Sobre esto, ha criticado que los registros se excedieron de la hora programada, otros no contaron con autorización expresa y en el registro del trastero donde apareció el Códice no se contó con la presencia de los detenidos. "No tiene valor de prueba", ha aseverado.

"Derecho a la dignidad"

En otro orden de cosas, Carmen Ventoso ha pedido la nulidad de la primera declaración judicial de Castiñeiras, que, por la actitud del juez instructor, "contraviene la legalidad vigente en España" y el "derecho a la dignidad".

La letrada ha recordado que para que una confesión pueda ser prueba "debe de ser espontánea", algo que no ocurre en estas situación. "Lamento decirlo vulgarmente, cuando oí el interrogatorio, me quedé muerta", ha explicado ante el juez la abogada, para quien "tratar a una persona en sede judicial de esta manera contraviene la legalidad".

En contra de los dictados legales, que piden que "sean directas", Carmen Ventoso asegura las preguntas de Vázquez Taín a su defendido fueron "sugestivas", "repetitivas, argumentativas", realizadas "coartando al imputado" y con un trato "cuasidespectivo" y "degradante".


Rechaza las grabaciones

Por otra parte, la defensa de los acusados ha pedido también que se anulen como pruebas las grabaciones en el despacho del administrador de la Catedral y ha denunciado que han podido ser "manipuladas", ya que la basílica compostelana tardó un año en entregarlas al juez.

La abogada de los acusados ha asegurado que este despacho "no puede considerarse un espacio privado", por lo que la grabación no autorizada e informada viola "el derecho a la intimidad" y la ley de "protección de datos". Según la información aportada a la defensa por la Agencia Española de Protección de Datos, las cámaras no se encontraban en el momento del robo registradas en este organismo.

Del mismo modo, ha criticado que la Catedral tardase "un año" en entregar estas imágenes al juez, que fueron aportadas el 18 de julio de 2012. "Durante meses nadie manifestó al juez que había ninguna cámara", ha dicho Ventoso, que cree que se pudo, en este periodo, "alterar" las imágenes.

La Fiscalía se opone a la nulidad

Por su parte, el fiscal del caso, Antonio Roma, ha evidenciado su oposición a las pretensiones de la defensa, dado que, en su opinión, "se han respetado los derechos fundamentales" de los acusados durante la instrucción.

En concreto, el fiscal ha señalado que cuestiones como la recusación del juez instructor o la nulidad de todas las actuaciones ya fueron analizadas en su momento por la Audiencia Provincial. "Si está resuelto, está resuelto", ha indicado.

Por otra parte, ha criticado que la defensa pida que se declare nula la confesión del acusado por "elementos de forma", cuando "las respuestas no son nulas" y existían otros "elementos incriminatorios". Del mismo modo, ha defendido que los registros son correctos y se hicieron en presencia de los abogados.

El fiscal también ha defendido las grabaciones en la Catedral. En concreto, ha dicho que el despacho del Cabildo es una "zona restringida, no de acceso público", por lo que estas grabaciones son válidas, y en el caso de las cámaras del claustro, ha recordado que el acusado "en su confesión, manifiesta que sabe donde están ubicadas las cámaras".


Grabaciones en casa

Por otra parte, el Ministerio Fiscal considera válidas las grabaciones sonoras en casa de los acusados basándose en la "trascendencia" del proceso y en el hecho de que existían indicios.

"La sociedad no hubiese autorizado un cruce de brazos por parte de las autoridades", ha explicado Roma, para quien es "una acusación demasiado grave" decir que existe un "registro encubierto o una entrada susceptible de delito" en este acto.

La acusación pide evitar "cuestiones personales"

La última parte en intervenir ha sido la acusación particular ejercida por el Cabildo , que ha asegurado que las pruebas recabadas son "plenamente válidas" y ha reclamado que el procedimiento se mantenga "al margen de cuestiones de carácter personal".

El abogado de la acusación, José Antonio Montero, ha sostenido que para la obtención de las pruebas se contó con el "consentimiento" por parte del entonces abogado de oficio, por lo que ha confiado en que las peticiones de nulidad no sean aceptadas.

Así, el letrado de la acusación ha asegurado que la imparcialidad del juez instructor "se le presume" y ha considerado que no existen indicios de que en las preguntas del interrogatorio hubiese "coacción" o "amenaza".

Tras defender los registros y las grabaciones, el abogado se ha referido a los vídeos de las cámaras de seguridad en el claustro y el despacho del administrador. Sobre esta cuestión, la acusación ha asegurado que ambas cámaras "tienen ámbito privado".

"El acceso al claustro no es público, el que puedan estar personas en esa zona con acceso a través del museo no quiere decir que sea público", ha indicado, para recordar que el acceso es "restringido".

Paralelamente, ha indicado que la cámara del despacho del administrador está en un "espacio privado" al que se accede pasando por el "vestidor de los canónigos", siguiendo por un pasillo y accediendo a una antesala a través de una puerta "cerrada con llave".


Segunda, jornada

A pesar de que este lunes la expectación de los medios de comunicación en los juzgados de Santiago ha sido patente, el plato fuerte de este macrojuicio será este martes, cuando está prevista la declaración de los tres acusados.

Al inicio de la segunda sesión, que comenzará al filo de las 9.30 , el juez se posicionará sobre las peticiones previas de la defensa. A continuación se desvelará si el ladrón confeso del Códice rompe por fin con su silencio.







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