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Terrorismo

La situación de históricos como Santi Potros, pendiente de que el Supremo resuelva sus recursos

La AN puede pedir a Luxemburgo que resuelva sus dudas sobre la aplicación de la norma europea.

Europa Press. Madrid Actualizada 13/01/2015 a las 19:13
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La situación de históricos etarras, como el cerebro del atentado de Hipercor Santiago Arrospide Sarasola, 'Santi Potros', u otro miembro fiel a las directrices de la banda Alberto Plazaola Anduaga, ha quedado pendiente en el Tribunal Supremo hasta que resuelva sobre sus recursos y ordene previsiblemente su vuelta a prisión, según informaron fuentes jurídicas.

El alto tribunal tiene pendiente de resolver los recursos que presentó la Fiscalía contra la decisión de la Audiencia Nacional de excarcelar o reducir el tiempo de estancia en prisión del dirigente etarra Francisco Múgica Garmendia, 'Pakito'; 'Santi Potros'; Plazaola y Rafael Caride Simón. Este es el único de los cuatro que se ha acogido a la vía Nanclares y ha roto su vinculación con la organización terrorista.

La Sala de lo Penal del Supremo trasladará previsiblemente el criterio fijado este martes para el etarra Kepa Pikabea a estos cuatro miembros de ETA. Su acuerdo, según el cual las penas cumplidas en la Unión Europea antes del 15 de agosto de 2010 no se acumularán a las impuestas en España, afectará al más de medio de centenar de etarras que atraviesan una situación similar.

'Santi Potros' y Plazaola quedaron en libertad el pasado 4 de diciembre y tienen por delante una decena de años que cumplir en prisión. Salieron de las cárceles de Teixeiro (La Coruña) y de Villena (Alicante) después de que la Audiencia Nacional ordenara su puesta en libertad al descontar el tiempo pasado en las cárceles de Francia.

'Santi Potros', en Libertad

La Sección Primera adelantó la salida del antiguo jefe militar de ETA 'Santi Potros' del 24 de septiembre de 2025 al 27 de enero de 2013. En el caso de Plazaola, miembro del 'comando Araba' de ETA condenado en 1997 a 46 años de cárcel como autor de dos delitos de asesinato frustrado y de uno de estragos, su licenciamiento fue adelantado de 2026 al 24 de agosto de 2013.

Según las fuentes consultadas, ambos etarras tienen hoy por hoy libertad de movimientos al contar con una resolución judicial avalando su excarcelación y teniendo en cuenta que el Supremo todavía no se ha pronunciado sobre sus casos, por lo que incluso podrían comprar un billete de avión para salir al extranjero e intentar evitar una futura extradición.

La Sala de lo Penal del Supremo ha respaldado dividida, por nueve votos frente a seis, la Ley 7/2014 que traspuso la Decisión Marco 675/2008 del Consejo de Europa y afirma que "en ningún caso serán tenidas en cuentas" para su aplicación "las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterior al 15 de agosto de 2010".

Magistrados discrepantes

Los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Ana Ferrer, Joaquín Giménez, Luciano Varela, Miguel Colmenero, Jorge Barreiro emitirán un voto particular conjunto. Algunos creen que la ley española desnaturaliza la decisión europea de acumular las penas cumplidas en el ámbito comunitario, mientras que otros apuestan por que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclare las dudas sobre el derecho de los Veintiocho.

En cualquier caso, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional --que ordenó las excarcelaciones-- tiene en su mano la opción de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, para esclarecer las dudas sobre la aplicación de la decisión marco en España.

Si los jueces de la Audiencia deciden acudir a esta vía podría ser interpretado como un cuestionamiento a su instancia superior, al propio Tribunal Supremo, pero estarían en su derecho de hacerlo si dudan de la legislación española al creer que 'trampea' el derecho comunitario.

Además, los propios afectados, como por ejemplo Kepa Pikabea, pueden acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si creen que los tribunales españoles han conculcado sus derechos fundamentales.







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