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Financiación política

​El Tribunal de Cuentas insta a regular la financiación de los partidos vía 'crowdfunding'

​Aconseja elegir las ofertas más baratas para las campañas y que se decida qué hacer con las donaciones privadas que no cumplen los requisitos.

Europa Press. Madrid Actualizada 06/01/2015 a las 14:11
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El Tribunal de Cuentas ha alertado de que existe un "vacío legal" sobre la financiación de los partidos políticos mediante donaciones privadas realizadas a través plataformas digitales de financiación colectiva, conocido como 'crowdfunding', y ha emplazado al Parlamento a regular este tipo de colectas, utilizado por ejemplo por Podemos para financiar su campaña de las elecciones europeas.

Esta es una de las recomendaciones que incluye el órgano fiscalizador en el informe en el que analiza los gastos en los que incurrieron las distintas formaciones durante la campaña electoral de los comicios europeos del pasado 25 de mayo.

En el documento, que ya ha sido remitido a las Cortes, el Tribunal de Cuentas urge a regular el 'crowdfunding', tanto en el ámbito de la actividad electoral como en el de la ordinaria de los partidos, atendiendo a sus especificidades respecto al medio que se utiliza para la captación de fondos como las dificultades que ha observado para identificar la procedencia de estas donaciones.

Control interno 


Otra de las propuestas legislativas que incluye el informe se refiere al desarrollo normativo que el tribunal considera necesario para precisar los conceptos, la imputación y la justificación de los gastos electorales en función de lo que ya establece la Ley de Financiación de Partidos. En este punto, sugiere la conveniencia de que, en el actual contexto económico y social, los partidos limiten su inversión a la "imprescindible" para acometer la campaña "ajustándose a una interpretación estricta de los conceptos subvencionables".


Así, aconseja que se introduzcan elementos de control interno "que garantice la selección de la oferta económicamente más ventajosa en relación con aquellas operaciones que representen una importancia relativa sobre el volumen de los gastos declarados, bien por su cuantía individual o por su concentración en un mismo proveedor".


Ese control interno también debería servir para adoptar las medidas necesarias para facilitar al Tribunal de Cuentas la "adecuada comprobación documental del detalle de las operaciones que integran los conceptos de gastos facturados para la campaña electoral".


Asimismo, el órgano fiscalizador reclama que se regule adecuadamente el destino que debe darse a los recursos procedentes de donaciones privadas que no cumplen los requisitos exigidos en la ley, bien por que no esté identificado el donante o porque se superen los límites máximos anuales permitidos para una misma persona física o jurídica.

En otra de sus recomendaciones, el tribunal plantea que se "complete la regulación del actual régimen sancionador" previsto en la Ley de Financiación de Partidos, tipificando las infracciones y las correspondientes sanciones ante los incumplimientos e infracciones de la normativa electoral.

El órgano fiscalizador también defiende que se adecue el límite de gastos en publicidad exterior y el límite de publicidad en la prensa periódica y en las emisoras de radio privadas a los nuevos soportes publicitarios de la prensa digital e Internet en general, "precisándose la naturaleza de los gastos a considerar de forma que se elimine toda incertidumbre a efectos de su consideración para la comprobación de la limitación legal establecida".

7,4 millones gastados en la campaña

Según los datos analizados por el Tribunal de Cuentas, los partidos que obtuvieron representación en la Eurocámara el pasado mes de mayo declararon recursos por valor de 36,7 millones de euros para estos comicios, pero los gastos totales justificados que han declarado superan esa cifra y llegan hasta los 37,4 millones.

De los 36,7 millones con los que contaron las formaciones políticas, la mayoría --22,2 millones-- procedían de créditos bancarios, mientras que 9,4 millones correspondían a anticipos del Estado y 4,9 millones a aportaciones del propio partido. Las donaciones de personas físicas o jurídicas para financiar la campaña sumaron 136.960,15 euros.

Por su lado, de los 37,4 millones de gastos totales justificados por los partidos, 20,08 millones corresponden a los derivados de operaciones ordinarias una vez depurados y realizados los ajustes pertinentes e incrementado con los gastos de envíos no cubiertos por su subvención específica.

El informe del Tribunal de Cuentas, que destaca que ninguna formación ha superado los límites de gasto aplicable a cada una de ellas, detalla que los partidos analizados van a repartirse 17,36 millones de euros en concepto de subvención por el 'mailing' de propaganda electoral para las europeas.

Asimismo, todas ellas han abierto una cuenta bancaria específica para esos comicios, aunque en el caso de PP, PSOE, Podemos y Coalición por Europa (CiU, PNV y CC), se han producido ingresos o pagos de gastos electorales a través de cuentas para la actividad ordinaria, mientras que Izquierda Plural (IU, ICV, Confederación Los Verdes, Anova y Batzarre) y los Pueblos Deciden (Bildu y BNG, entre otros) figuran pagos fuera de plazo aunque son importes no relevantes.

Además, Coalición por Europa, Izquierda Plural y Primavera Europea (Compromís, Equo y CHA) cerraron el proceso electoral con deudas con proveedores o acreedores que ascienden a un total de 749.608 euros.

Por su parte, determinadas empresas han incumplido la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas información detallada cuando el importe facturado a las formaciones políticas supera el establecido legalmente. En concreto, son nueve los proveedores que no han dado esta información, su facturación representa un total de 184.885,41 euros, y se informará de esta circunstancia a la Junta Electoral Central.







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