El ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol tendrá que volver a declarar el próximo día 27 de enero ante un juez, como ya hizo también por asuntos económicos el 2 de octubre de 1984, aunque ahora no lo podrá hacer como hace 30 años desde la Casa dels Canonges, su entonces residencia oficial.

Pujol, su esposa y tres de sus hijos han sido citados a declarar el próximo 27 de enero como imputados por la juez Beatriz Balfagón Santolaria, titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, que investiga el origen de la fortuna familiar y un presunto fraude fiscal.

Tanto en 1984 como ahora, Jordi Pujol tendrá que responder por asuntos económicos relacionados con su padre, Florenci Pujol, cuya sombra siempre se ha proyectado sobre el ex mandatario catalán.

Si hace treinta años Pujol fue acusado por la Fiscalía de delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinaciones para alterar el precio de las cosas por su gestión en Banca Catalana, entidad fundada por Florenci Pujol, ahora tendrá que justificar el origen de la fortuna que, según confesó él mismo en julio, tiene como origen un legado de su padre.

Pujol confesó públicamente que su padre dejó en herencia a sus hijos y a su esposa una importante cantidad de dinero que guardaron oculta y sin pagar impuestos en Andorra.

La confesión destapó la caja de pandora y no evitó que muchos se plantearan nuevos interrogantes sobre la procedencia de la fortuna de la familia Pujol y sus hijos: ¿El dinero procedía de la herencia oculta dejada por Florenci Pujol, o bien de negocios poco éticos hechos al amparo del gobierno de CiU?

En cualquier caso, treinta años después, Jordi Pujol ve ahora que, tal como le sucedió a él con su padre Florenci, su sombra también planea sobre la de sus hijos que, según la investigación, tienen un patrimonio dinerario cuantioso que no revelaron ante la Agencia Tributaria completamente hasta el pasado verano.

De todos modos, también existen diferencias entre ambos casos, pues si hace treinta años la Justicia investigó la quiebra de Banca Catalana, de la que Jordi Pujol fue vicepresidente, tras acumular unas deudas, según el Banco de España, de 130.000 millones de pesetas (780 millones de euros), ahora las cantidades que se manejan ahora resultan más pequeñas.

Si hace treinta años fue el magistrado Ignacio de Lecea el encargado de instruir el denominado "caso Banca Catalana", por designación del Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona, ahora es una juez de instrucción la que investiga el llamado "caso Jordi Pujol" al tocarle por reparto la querella que presentó "Manos Limpias".

Si el 2 de octubre de 1984, Ignacio de Lecea tomó declaración durante dos horas y media a Jordi Pujol en su residencia oficial de la Casa dels Canonges, treinta años después será la magistrada Beatriz Balfagón la que tome declaración a Pujol, que tendrá que acudir a la ciudad de la Justicia para declarar como un ciudadano más, sin ningún privilegio.

Si hace treinta años, el "caso Banca Catalana" se presentó por sectores nacionalistas como una cuestión con trasfondo político, no parece que ahora el "caso Pujol" vaya a considerarse como una instrumentalización política de la justicia.

El 7 de octubre de 1986, el juez dio por concluida la instrucción del sumario de Banca Catalana tras recopilar más de 3.000 folios en nueve volúmenes, que se complementaban con cerca de 65.000 folios de documentación.

Treinta años después, la juez Balfagón ya acumula cientos de folios de instrucción y muchas declaraciones de renta y patrimonio sobre las que interrogar a Pujol.

El 21 de noviembre de 1986, el pleno de la Audiencia de Barcelona decidió por una mayoría de 33 votos frente a 8 no procesar al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y exculparle de cualquier responsabilidad penal por entender que no había indicios racionales de criminalidad en su actuación como vicepresidente ejecutivo de Banca Catalana.

Treinta años después, a sus 84 años de edad, Jordi Pujol vuelve a enfrentarse a la Justicia como imputado, ahora junto a gran parte de su familia, tras más de 23 años como presidente de Cataluña.