El ex secretario general de UGT-A se niega a daclarar

Fernández Sevilla había sido citado por el juez como posible autor de delitos de falsificación y fraude.

El ex secretario general de UGT-A se niega a daclarar
El ex secretario general de UGT-A se niega a daclarar

El ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla se ha acogido hoy a su derecho a no declarar y ha proclamado su inocencia en su comparecencia ante el juez Juan Jesús García Vélez, que investiga el presunto fraude del sindicato con los cursos de formación.


Fernández Sevilla había sido citado por el juez como autor de los posibles delitos de falsificación y fraude en las subvenciones recibidas para los cursos de formación.


El abogado de Fernández Sevilla, Manuel Pérez Cuajares, ha explicado a los periodistas que el sindicalista no ha declarado porque aún no tienen en su poder la documentación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil obtuvo en los registros de la sede de UGT-A.


Esa documentación no ha sido aún puesta a disposición del juzgado, según el abogado, quien ha señalado que ninguna de las partes personadas en el caso ha pedido medidas cautelares para Fernández Sevilla. 


"Él quiere declarar", ha puesto de manifiesto el abogado, que ha insistido en que, antes de comparecer ante el juez Juan Jesús García Vélez, su patrocinado quiere conocer la documentación que obra en poder de la Guardia Civil. 


Al concluir su comparecencia, que se ha celebrado en una sala de vistas y no en el despacho del juez para poder acoger a la veintena de partes personadas en la causa, ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las demás partes ha solicitado medida cautelar alguna para el imputado.Imputado también en el caso de los ERE

Hay que recordar que Fernández Sevilla también está imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya por la ayuda a la multinacional del tabaco Altadis, hechos por los que el Ministerio Público le ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 296.000 euros. 


El juez también había citado este lunes como imputado al exsecretario general de UGT-A Manuel Pastrana, pero finalmente suspendió su comparecencia debido a la enfermedad que padece el exlíder sindical y que le impide desplazarse al Juzgado. 


El instructor considera que la declaración prestada por el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda "es contundente cuando ratifica la implicación" de ambos en las decisiones ejecutivas del sindicato, "y en concreto las referidas a la creación de la central de compras, órgano o mecanismo esencial en la realización de la actividad fraudulenta investigada". 


Al hilo de ello, y en la providencia donde los citó a declarar, el instructor explica que ésta última "se concretaba en el establecimiento de la técnica de 'rapel', que permitía al sindicato lucrarse con los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, por no declararse dichos descuentos a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención". 


El juez también alude al llamado 'bote', "informatizado y controlado a través del programa informático Spyro en un sistema que facilitaba al sindicato financiarse con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas, que no correspondían a servicio prestado alguno, pero que eran imputadas a programas subvencionados".



En un escrito elevado al Juzgado el pasado 6 de octubre, el Ministerio Público pidió al juez que citara a declarar como imputados a ambos exaltos cargos del sindicato dada su participación "directa" en las actividades investigadas. 


En primer lugar, la Fiscalía ponía de manifiesto en su escrito que tanto Pastrana como Fernández Sevilla "fueron titulares a la fecha de los hechos de la máxima representación y poder en el sindicato", precisando que el primero de ellos "fue secretario general durante todo el desarrollo de los hechos investigados y hasta mayo de 2013". 


De su lado, Fernández Sevilla "fue secretario de Organización durante el mismo periodo y luego secretario general, y según declaraciones de todos los testigos, pertenece al núcleo de decisión" junto con Manuel Pastrana y el propio Fresneda. 


Según explica la Fiscalía, "este núcleo de decisión se concentra desde el punto de vista orgánico en la comisión ejecutiva del sindicato", aseverando que esta comisión ejecutiva, "y singularmente los acusados, no solo eran conocedores sino que tomaron decisiones en relación con los hechos objeto del presente procedimiento". 


A continuación, el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto, hace un resumen de los hechos investigados, indicando que, "en esencia, el objeto del presente procedimiento es la financiación irregular del sindicato UGT Andalucía a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación"."Inspiración directa" de Pastrana

Según pone de manifiesto, los hechos investigados "comienzan a implantarse cuando se puso en marcha la llamada central de compras, cuestión que se deduce no solo de las investigaciones sino de las declaraciones de los imputados", y explica que esta central de compras "fue inspiración directa de Manuel Pastrana, según lo manifestado por Fresneda, y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, no solo en su época de secretario de Organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana". 


El Ministerio Público señala que "esta financiación ilícita" se llevaba a cabo por medio de varias "vías", como el 'rapel' o el 'bote'. 


Según la Fiscalía, "este modo de financiación irregular habría llegado a tener tal magnitud que prácticamente casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación". 


En esta causa hay ya 18 imputados, de los que 16 quedaron en libertad con cargos por delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude en subvenciones tras ser detenidos por la Guardia Civil en la segunda fase de la operación 'Cirene' desarrollada en junio pasado.