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Medidas anticorrupcion del Ejecutivo

El Gobierno aprueba las medidas anticorrupción tras la demora

El Ejecutivo da luz acusa a la oposición de la demora en aprobar estas normas.

Efe. Madrid Actualizada 31/10/2014 a las 17:03
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Soraya Sáenz de Santamaría en rueda de prensa

El Gobierno ha aprobado nuevas normas contra la corrupción y pretende que se agilicen las que ya se encuentran en tramitación en el Congreso desde hace meses y de cuya demora responsabiliza a la oposición ante situaciones como el cambio de liderazgo en el PSOE.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado tras la reunión del Consejo de Ministros de las decisiones adoptadas para reforzar la lucha anticorrupción y ha defendido que el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, no comparezca en el Congreso ante los últimos casos conocidos ya que considera que debe ser cada fuerza política afectada por ellos la que tiene que dar las explicaciones oportunas.

Para ayudar a combatir la corrupción, el Ejecutivo ha dado luz verde el Estatuto del Consejo de Tran sparencia y Buen Gobierno y ha aprobado la creación de 282 nuevas plazas judiciales.

Iniciativas a lo largo de la legislatura

Son decisiones que Sáenz de Santamaría ha explicado que se vienen a sumar a una larga lista de iniciativas "ambiciosas" que se han ido poniendo en marcha a lo largo de la legislatura y que ha enumerado.

Entre ellas, dos que se enviaron en febrero al Congreso, el proyecto de ley orgánica de control de la actividad financiera de los partidos y el Estatuto del alto cargo de la Administración General del Estado.

Ambas medidas ha recordado que se empezaron a negociar en marzo por parte de los partidos aunque ha precisado que la oposición pidió aplazar su debate hasta después de las elecciones europeas de mayo.
El proceso de cambio de secretario general en el PSOE ha recalcado que provocó después un nuevo retraso.


"Llegado este momento, nosotros vamos a abrir a debate esas normas; vamos a pedir que se inicie su tramitación parlamentaria y que se planteen las enmiendas que estimen oportunas los grupos", ha asegurado la vicepresidenta, quien ha añadido: "Nosotros hemos hecho nuestra tarea y hemos procurado buscar un consenso".

De la misma forma que el Gobierno se marcó el mes de octubre para la negociación, Sáenz de Santamaría ha asegurado que la intención es que el Parlamento las debata en noviembre y se aprueben al mes siguiente.

Y le gustaría que se hiciera con el máximo consenso posible porque ha considerado que se trata de una cuestión que concierne a todos.

Al ser preguntada por la posibilidad de que los ciudadanos interpreten que las medidas no funcionan porque siguen conociéndose casos de corrupción "hasta hace dos días", la vicepresidenta ha recalcado que las instituciones funcionan porque los responsables han sido descubiertos "al tercer día".

Respecto a la negativa a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en el Congreso, la vicepresidenta ha considerado que son las fuerzas políticas las que tienen que dar las explicaciones correspondientes porque cada una tiene sus propios casos de corrupción ya que "no es algo de partidos, sino de personas".

"Que cada uno explique lo suyo y tome las decisiones que le corresponda", ha insistido la vicepresidenta. Ante la posibilidad de que haya decisiones que no ayuden a la percepción ciudadana de que se lucha contra la corrupción, como un hipotético indulto al expresidente del PP de Castellón Carlos Fabra, ha explicado que no hay decisión aún sobre este asunto.

Ha añadido que cuando se reciba el correspondiente expediente, como el de cualquier otra petición similar, se decidirá, aunque ha recordado que, recientemente, el Gobierno rechazó una serie de indultos pedidos por personas relacionadas con casos de corrupción.

Regeneración democrática

La vicepresidenta ha destacado la importancia de las medidas adoptadas en materia de regeneración democrática, como el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Se trata de un organismo que ha explicado que actuará "con plena independencia y autonomía" y estará en funcionamiento antes del 10 de diciembre.

Su presidente será nombrado por mayoría absoluta del Congreso por un plazo de cinco años no prorrogable "entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional y previa comparecencia en el Congreso".
Además, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto por el que se crean 282 plazas de jueces y magistrados y, dentro de las medidas de lucha contra la corrupción, dos de ellas serán para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

"Esta medida -ha explicado- responde al afán del Gobierno de fortalecer el Estado de Derecho y dar recursos para que se pueda ejercer con mayores garantías la función constitucional de la Justicia".







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