Teodoro Montes denuncia las malas condiciones en algunos cursos de formación

El antiguo responsable de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía, Teodoro Montes, ha denunciado ante la juez Mercedes Alaya comisiones ilegales para subcontratar cursos de formación y las malas condiciones en algunos de ellos, con discapacitados medicados para soportar el calor.

Tras cuatro horas y media declarando, Montes solo ha respondido hasta ahora a preguntas de la juez, a la que ha asegurado que los sindicatos UGT y CCOO y "sobre todo" la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) exigían una comisión de hasta el 20 % de su coste para subcontratar cursos.

Según han explicado a los periodistas fuentes judiciales, el funcionario no se ha referido a la posibilidad legal de que se subcontraten los cursos con un coste del 20 % siempre que se justifiquen los gastos, sino que la comisión que se pedía era ilegal, sin facturas y previa a que se impartiera el curso.

Además, ha precisado a la juez que en un curso en Sevilla los alumnos discapacitados estaban en un aula de cristal soportando en julio temperaturas por encima de los 50 grados, y que para aliviar la situación y evitar alteraciones en su comportamiento se les había medicado previamente.

Ha asegurado que él vio personalmente esas malas condiciones e incluso a los alumnos dormidos y ordenó que se parara el curso, porque continuar suponía, en su opinión, un caso de maltrato físico y psíquico hacia los alumnos discapacitados, aunque no acudió a denunciarlo a la policía o el juzgado de guardia.

El funcionario, que declaró durante cinco horas el pasado jueves y seguirá haciéndolo mañana, también ha subrayado que muchas de las entidades que ofrecían cursos usaban a los alumnos como mano de obra barata o gratuita.

Como ejemplo de ello, ha puesto el caso de cursos de limpieza, cuyas prácticas consistían en limpiar las oficinas de las empresas que los impartían.

Además, el funcionario ha afirmado que en un solo año se ofrecían entre 3.000 y 3.500 cursos a desempleados en la provincia de Sevilla y unos 20.000 o 25.000 en toda Andalucía, cada uno con una media de 15 alumnos y con irregularidades de distinto tipo en todos ellos.

El funcionario también ha destacado la "inutilidad" de los cursos de formación ofrecidos por la Administración, que en un baremo de cero a diez tendrían una calidad, a su juicio, de un dos.

La juez citó al anterior responsable de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía para que ratificara su denuncia ante la Guardia Civil que hizo en agosto de 2013, cuando dijo que había "graves irregularidades" en los fondos de formación así como ausencia de inspección y de control económico de las facturas justificativas.

El funcionario, que ganó una sentencia a la Junta por acoso laboral, dijo que las irregularidades se extendía a las fases de adjudicación, gestión, control y justificación de los fondos de formación, según las fuentes.

Cuando la juez concluya sus preguntas será el turno de que planteen sus cuestiones el resto de partes personadas: la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, la Fiscalía Anticorrupción y los abogados defensores de los dos únicos imputados en la causa, los exconsejeros andaluces Antonio Fernández y Ángel Ojeda.