La Generalitat catalana se da nueve días para decidir sobre la consulta y descoloca a ERC

El Gobierno catalán ha fijado este lunes en el 15 de octubre la fecha límite para decidir si celebra la consulta soberanista el 9 de noviembre, suspendida por el Tribunal Constitucional, lo que ha descolocado a ERC, que espera que Artur Mas cumpla su palabra de seguir adelante con el proceso.

Tras la fotografía de unidad del presidente de la Generalitat, Artur Mas, con los líderes de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP del pasado viernes, con quienes se comprometió a mantener la convocatoria, los plazos para celebrar la consulta han generado este lunes divergencias en el bloque soberanista.

El conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha afirmado que la decisión de si se colocan las urnas para el 9 de noviembre no puede tomarse uno o dos días antes de esa fecha sino que debería decidirse "alrededor del 13, 14 y 15" de octubre.

Homs lo ha justificado por el vencimiento de algunos plazos de aplicación que figuran en el decreto de convocatoria que, a su juicio, podrían posponerse con el objetivo de aportar "soluciones" ante cada "obstáculo" que ponga el Estado.

Este martes termina el plazo de inscripción en el registro de extranjeros residentes en Cataluña y el de los ayuntamientos para comunicar a la Generalitat sus propuestas de locales y mesas de consulta.

La portavoz de ERC, Anna Simó, ha expresado su sorpresa por las palabras del conseller Homs y ha pedido que no se pongan "fechas límite" como la del 15 de octubre, ya que no fueron acordadas el pasado viernes.

"Nos ha desconcertado que Homs ponga una fecha de posible defunción de la consulta después de una reunión que acabó con muchas esperanzas, en la que fueron acordadas todas las garantías democráticas para hacerla posible", ha asegurado Simó.

Entre las formaciones contrarias al 9N, el portavoz parlamentario del PPC, Enric Millo, ha pedido a Artur Mas que "abandone su camino errático" y "retome el del diálogo y el pacto" para abordar las "reformas necesarias dentro de la legalidad", como las 23 propuestas que presentó al presidente Mariano Rajoy.

Pero a la espera de movimientos políticos -la Generalitat sostiene que no mantiene contactos con el Gobierno-, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha garantizado que la Fiscalía actuará de oficio "sin ningún género de dudas" y "respecto de cualquier persona" que cometa un hecho que esté tipificado en el Código Penal dentro del proceso soberanista.

Por su parte, el Parlamento catalán ha enviado al TC el escrito de recusación de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, y del magistrado Pedro José González-Trevijano, con la intención de que ambos no participen en las deliberaciones sobre la ley de consultas.

El Gobierno, a través del Abogado del Estado, ha pedido al TC que anule el decreto de nombramiento de los miembros de la comisión de control de consultas catalana (equivalente a la junta electoral), firmado el pasado 2 de octubre por Artur Mas.

Uno de los miembros de este organismo, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Joaquim Brugué, próximo a ICV, ha decidido abandonarla al constatar que no se dan suficientes garantías democráticas para celebrar la consulta.

Desde la familia socialista se han mantenido las llamadas al diálogo, que el PSC propugna con una nueva campaña en la que se aboga por el "pacto" para alcanzar una reforma federal de la Constitución que reconozca a Cataluña como nación y asegure un nuevo pacto fiscal.

Además, el secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha aplaudido que Mariano Rajoy dijera este fin de semana en Guadalajara que la salida a la situación en Cataluña es "ley y diálogo" y le ha animado a que "siga por ahí".