El Gobierno podría exigir responsabilidades a promotores del proyecto Castor

El Gobierno se ha reservado la posibilidad de exigir responsabilidades a los promotores del proyecto Castor por su gestión, a pesar de extinguir la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural. 

"La efectividad de la renuncia no implica, en modo alguno, la extinción de la responsabilidad que la actual sociedad titular y sus accionistas deban, en su caso, afrontar por su gestión del proyecto", recoge el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares que publica este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Según el acuerdo alcanzado este viernes por el Consejo de Ministros, Enagás asumirá la compensación por valor de 1.350 millones acordada por el Gobierno para Escal UGS, participada al 66% por ACS, la empresa promotora del almacenamiento subterráneo. 

En concreto, Enagás ha cerrado un acuerdo con un sindicato de bancos para la cesión de los derechos de cobro reconocidos a la empresa correspondientes a los 1.350 millones de euros de la indeminización correspondiente a Castor. 

La solución diseñada por el Gobierno para el almacenamiento subterráneo será "neutra" para la compañía presidida por Antonio Llardén. El real decreto ley aprobado por el Ejecutivo permite a Enagás ceder los derechos de cobro.Compensación de 1.350 millones para Castor

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley en el que se establece la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe asumirá en un primer momento Enagás y se irá repercutiendo durante 30 años en la tarifa de gas. 

La compensación seá abonada por Enagás, a través de su filial Enagás Transporte, en una operación "muy ligada a la financiación del BEI", indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. 

Enagás Transporte se hará cargo de la administración del almacenamiento subterráneo de gas, al tiempo que el sistema gasista resarcirá anualmente a esta empresa durante un periodo de 30 años por el importe desembolsado. 

La hibernación de la instalación "implica que está prohibido realizar cualquier extracción o inyección de gas natural" en el almacenamiento, cuya concesión a Escal queda ahora extinguida al haber aceptado el Gobierno la renuncia al proyecto presentada por los promotores, explicó. 

La vicepresidenta del Gobierno aseguró que el real decreto ley aporta una "solución" a un proyecto que ha quedado suspendido por los seísmos detectados en la zona y que fue aprobado en mayo de 2008 a través de un decreto con varias cláusulas para las que el actual Gobierno "intentó una declaración de lesividad" ante los tribunales. 

"Por acuerdo del Consejo de Ministros, se podrá en su caso poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejan o establecer el desmantelamiento del almacenamiento en condiciones seguras", señaló. 

"La solución permite reducir el coste para el sistema frente al coste de almacenamiento en caso de haberse puesto en marcha las instalaciones como estaba previsto", añadió Sáenz de Santamaría.Equo ve una "tomadura de pelo" la indemnización a ACS por Castor

Equo ha calificado de "tomadura de pelo" la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal, en la que participa ACS, al lamentar que los ciudadanos vuelvan a pagar los "errores" de una gran empresa. 

Para la formación, el proyecto Castor forma parte de una apuesta energética "errónea" que se basa en los combustibles fósiles, por lo que ha considerado "imprescindible" que España transforme su modelo energético hacia uno basado en las energías renovables y la eficiencia energética. 

"Una vez más los ciudadanos debemos pagar las consecuencias de la mala gestión de una gran empresa. Este caso se suma al rescate de la banca y de las autopistas de peajes. Nos preguntamos cuál será el próximo", ha explicado la coportavoz de Equo, Carolina López, en un comunicado.IU pedirá a la UE una investigación sobre Castor

La eurodiputada de IU Marina Albiol ha anunciado este sábado que solicitará una investigación a la Comisión Europea en relación al proyecto Castor para que "jamás vuelva a usarse un proyecto-bono del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar proyectos a mayor gloria de empresarios cercanos al poder". 

En un comunicado, Albiol ha mostrado su "rechazo frontal" a la decisión del Gobierno de "hacer pagar a la ciudadanía los 1.350 millones de euros de indemnización a la empresa Escal UGS" por la hibernación del almacén submarino de gas. 

"Es una vergüenza que el Gobierno se arrodille una vez más ante las exigencias de una empresa privada y ni siquiera se plantee recurrir a la vía judicial para evitarnos el pago durante los próximos 30 años de una indemnización que nunca se debería haber firmado y que van a cobrar en tiempo récord", ha indicado. 

A su juicio, "con el pago a los inversores del almacén Castor se alcanza una nueva cota en el mal uso de fondos públicos incluidos fondos europeos" y "ya no les basta con socializar las pérdidas anuales de una empresa privada a base de impuestos, sino que ahora también nos toca costear el fracaso de una aventura empresarial que jamás debió iniciarse". 

Para la eurodiputada, "el rescate del almacén Castor es el colofón a una cadena de negligencias por las que nadie ha dado explicaciones y, aún peor, nadie en la administración se ha dignado a pedirlas". 

"Los ciudadanos no tienen porque pagar los negocios fracasados de Florentino Pérez. La ejecución de la obra triplicó su presupuesto inicial pero el PP y el PSOE nunca tienen problemas en ir de la mano en la búsqueda de financiación estatal y europea para ofrecer en bandeja contratos millonarios a sus amigos a pesar de que, en este caso, la ejecución de la obra triplicó su presupuesto inicial", ha agregado. 

Por ello, ha señalado que "si hubiera que pagar esta indemnización, que el bipartidismo se vuelva a poner de acuerdo y que entre Zapatero, Camps y Soria hagan frente a los 1.350 millones en lugar de hacérnosla asumir a la ciudadanía en la factura del gas".