El escándalo de las tarjetas opacas llega al Congreso

La indignación por el uso de tarjetas opacas en Caja Madrid por parte de 83 exconsejeros y exdirectivos de la entidad crece con cada nuevo detalle. Y con ella la presión para conocer más detalles sobre cómo se gastaron 15,5 millones de euros entre 2003 y 2012 sin la necesidad de justificarlos -en algunos casos solo unos meses antes del rescate de Bankia-.

El Gobierno mostró su rechazo e indignación por esta práctica ("soy al primero a quien se le revuelve el estómago", llegó a decir el ministro de Economía) y la Agencia Tributaria -a instancias del titular de Hacienda- también movió ficha al anunciar una investigación sobre la posible utilización de este tipo de tarjetas en las grandes empresas.

Sin embargo, esta semana el escándalo llegará al Congreso y obligará al Ejecutivo a pronunciarse sobre aspectos más concretos. Así, tendrá que responder a las preguntas planteadas por UPyD sobre si las prácticas están extendidas en otras Cajas rescatadas (el propio De Guindos adelantó que el FROB había detectado 20 irregularidades en estas entidades) o si garantizarán que todos los implicados devuelvan el dinero.

De esta forma, la formación liderada por Rosa Díez -que ya llevó a los tribunales a la salida de Bankia a Bolsa- pedirá a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la sesión de control del miércoles que informe sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo para investigar el uso de estas tarjetas B en Caja Madrid o en otras entidades financieras rescatadas por el Estado, además de si garantizará la devolución "íntegra" de los importes que se "apropiaron" sus exdirectivos.

De momento, solo dos de los implicados han devuelto todo el dinero gastado con esas tarjetas opacas. Se trata de Ildefonso Sánchez Barcoj -que encabeza el listado de estos gastos con 484.200 euros- y el presidente de la patronal madrileña (CEIM) y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández (37.000 euros). Por su parte, Rodrigo Rato, Matías Amat y José Manuel Fernández Norniella hicieron lo propio pero solo con los gastos referidos a Bankia, pero no a Caja Madrid.

Además, el partido magenta ha registrado una interpelación urgente al Gobierno en la que denuncia el uso "indiscriminado" de estas tarjetas de crédito "sin declarar y sin soporte contractual conocido". En su opinión, estas tarjetas se utilizaban gracias a un "limbo jurídico" oculto ara los impositores de las entidades, el fisco, la Seguridad Social y los organismos supervisores, como el Banco de España o la CNMV.Aguirre exculpa a los implicados

Por su parte, siguen las declaraciones sobre este escándalo. La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró este domingo que los responsables de las tarjetas opacas son "quienes entregaron las tarjetas y dieron las instrucciones de cómo había que usarlas". En unas declaraciones a la Cope, Aguirre insistió en que a quien habría que reclamar es a quien facilitó las tarjetas y hacía «apuntes a mano» y no a las personas que «no tienen ni idea de que fuera irregular». Además, la expresidenta madrileña aseguró que estas prácticas no existían en 1995, cuando ella fue consejera de Caja Madrid. 

Aguirre también trató de exculpar a Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid que fue cesado de su cargo como asesor del grupo municipal por la alcaldesa Ana Botella, al asegurar que no tenía conciencia de haber hecho nada irregular y, además, recordó que va a devolver el dinero "por si entendió mal o se lo dijeron mal".

Gutiérrez gastó 58.000 euros con la tarjeta opaca de Caja Madrid. 

Quien se pronunció este domingo con contundencia contra la actuación de los exconsejeros fue el coordinador general de IU, Cayo Lara. "Malditos, mil veces malditos aquellos que en nombre de la izquierda están deteriorando sus principios y valores", aseguró Lara en referencia a los 4 exconsejeros de IU (uno de ellos, José Antonio Morál Santín, fue el segundo implicado que más gastó con 465.500 euros) o a los 10 sindicalistas que formaban parte del consejo de Caja Madrid. En su opinión, "el peso de la Justicia debe caer sobre los que han hecho un uso fraudulento" de ese dinero.