El Gobierno ha establecido un plazo de al menos tres meses para que la banca avise a las pymes sobre un recorte en su financiación de un 35 % o más, y ha definido los tipos de inversores -institucionales o minoristas- para proyectos de micromecenazgo o "crowfunding".

Estas son dos de las medidas que se incluyen en el Proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, cuyo objetivo es mejorar los canales de financiación de las empresas, sobre todo las pymes, ha asegurado el Ejecutivo.

En relación con estas empresas, la norma establece que las entidades de crédito deberán dar preavisos de al menos de tres meses a aquellas pymes cuya financiación vaya a ser cancelada o notablemente reducida -en un 35 % o más-.

Además, estas compañías podrán obtener de la entidad crediticia -gratuitamente y en un plazo de diez días- información sobre su posición financiera, historial de pagos, extracto y calificación crediticia, de acuerdo con la metodología específica para pymes que desarrollará el Banco de España, para que así puedan irse a otra entidad de crédito.

Las pymes podrán solicitar estos datos en cualquier otro momento y de forma incondicionada, petición que deberá atenderse en el plazo de 15 días y a un coste reducido.

La citada norma aprobada hoy también distingue dos tipos de inversores -minoristas e institucionales- en proyectos de mecenazgo o "crowfunding",

Los primeros podrán invertir hasta un máximo de 10.000 euros anuales, y no más de 3.000 por proyecto; además, tendrán que firmar de su puño y letra su consentimiento, en el que figurará que han sido advertidos de los riesgos.

Los más cualificados, sean particulares o empresas, deberán superar un millón de euros de activos, dos millones de euros de cifra de negocio, o 300.000 de recursos propios.

También serán inversores cualificados, y no tendrán límite inversor las personas físicas o jurídicas cuyos niveles de renta superen los 50.000 euros al año o tengan un patrimonio superior a 100.000 euros.

Asimismo, se establece un régimen jurídico para las plataformas de internet en este tipo de inversión.

La norma garantiza que todos los inversores tengan acceso a toda la información sobre la plataforma de financiación, sobre su promotor, sobre cómo se han obtenido los fondos y sobre todos los riesgos que implica la inversión.

Del proyecto de ley, que indica que será la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la encargada de la supervisión, quedan excluidos el mecenazgo o la compraventa.

Otro de los aspectos que aborda el Proyecto de Ley Financiera es el techo de capitalización de 500 millones de euros para operar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), límite que servirá para evitar que se repitan casos "como el de Gowex".