"La posible suspensión de la autonomía catalana es una decisión política del Gobierno"

Torres-Dulce, afirma que la Fiscalía actuará "en consecuencia" si se infringe la Ley.

Eduardo Torres Dulce
"La posible suspensión de la autonomía catalana es una decisión política del Gobierno"
Agencias

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha rechazado especular sobre una posible suspensión de la autonomía catalana por ser "una decisión estrictamente política" que corresponde al Gobierno, y ha pedido a los políticos que no "interfieran" en las decisiones judiciales ni fiscales. Además, ha asegurado que la Fiscalía actuará "en consecuencia" si se infringe la Ley en Cataluña porque, "sin el armazón de la legalidad, esto sería la jungla". 


En una comparecencia ante los medios de comunicación en Bilbao celebrada después de la reunión del Consejo Fiscal, Torres-Dulce se ha referido a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en las que no ha descartado la posibilidad de suspender la autonomía catalana para evitar la celebración de una consulta el próximo 9 de noviembre. 


A su juicio, se trata de "una decisión estrictamente política". "No deja de ser una opinión, ni siquiera un estado de decisión por parte del Gobierno, y líbreme Dios de intervenir en terrenos que son de pura disposición del Gobierno", ha señalado. 


En este contexto, ha reclamado a "los políticos que no interfieran, más allá del legítimo derecho de crítica, en las decisiones judiciales y del ministerio fiscal".

Consulta catalana


Eduardo Torres-Dulce ha afirmado que "hay una decisión soberana del Gobierno de la Generalitat y del Parlamento de legislar en términos de consulta y de dictar decreto de convocatoria". 


Tras señalar que son "decisiones absolutamente legítimas que hay que respetar", ha indicado que, cuando se produzcan, "el Gobierno de la nación tiene todo el derecho a aceptarlas o a impugnarlas con los medios de la Constitución y las leyes le ofrecen". Por ello, ha afirmado que no tiene "ningún comentario que hacer" sobre "la decisión soberana de legislar, como la decisión de recurrirla". 


El máximo representante del ministerio público ha apuntado que, "en el caso de alguien, un ciudadano catalán, vasco, madrileño o gallego, infrinja la Ley", y la Fiscalía tenga que actuar, lo hará "en consecuencia". 


"Pero yo espero que no se infrinja la Ley y que no haya motivos para actuar conforme con el Código Penal porque éste es la última ratio, un elemento para restaurar la convivencia y no es buena la utilización del Código Penal en determinadas circunstancias, pero, a veces, se impone en actos cotidianos, lo estamos aplicando todos los días y es una regla en la que se basan estrictamente el Estado de Derecho y la convivencia", ha añadido.

"El armazón de la legalidad" 


En este sentido, ha asegurado que, "sin el armazón de la legalidad y el Estado de Derecho, esto sería la jungla, y hay que aceptar las reglas de juego democrático, que son elecciones populares y parlamentos elegidos democráticamente que legislan, tanto los nacionales como los autonómicos". 


"Y el límite desde el punto de vista de la infracción de la convivencia es el Código Penal. Cuando se produce, los fiscales actuamos, cuando no se produce, no actuamos, teniendo bien en cuenta que nuestro criterio es siempre de interpretación moderna del Código Penal, que ojalá cumplieran los legisladores, que es el principio de intervención mínima", ha indicado. 


De esta forma, ha afirmado que el Código Penal "debe ser un conjunto de reglas que regulan mínimamente los embates contra la convivencia". "Una sociedad moderna que regula específicamente, extensivamente el Código Penal, no es una sociedad asentada sobre buenos músculos de convivencia, que es lo que exige el pacto social", ha concluido.